Con letras en blanco, deudas infladas y embargos: mujeres engañan a policías y la justicia actúa

Una firma estampada sobre una letra de cambio en blanco habría sido el punto de partida de un mecanismo que terminó trasladándose de los préstamos entre conocidos a los despachos judiciales.

Lo que inicialmente eran pequeñas sumas de dinero entregadas a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó, habría terminado convertido, según la Fiscalía General de la Nación, en obligaciones por valores superiores, demandas ejecutivas y embargos de hasta una cuarta parte del salario de algunos de los afectados.

La investigación dio un nuevo paso este 9 de agosto. La Fiscalía informó desde Quibdó sobre la judicialización de Paola Andrea Mena Pacheco y Sandra Milet Mena Perea, dos mujeres señaladas de participar en el entramado que, presuntamente, utilizó títulos valores con firmas falsas o alteradas para obtener decisiones judiciales contra uniformados de la Policía Nacional.

El caso, sin embargo, no comenzó con ellas. La investigación ya había permitido identificar a otros dos presuntos participantes y reconstruir una modalidad que, de acuerdo con el ente acusador, habría funcionado aprovechando un elemento especialmente sensible: la confianza de policías que buscaban préstamos por cantidades relativamente pequeñas.

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La historia conocida por las autoridades parte de 13 denuncias relacionadas por los investigadores. Los denunciantes habían sido notificados de procesos ejecutivos de mínima cuantía en los que figuraban como demandados por obligaciones que aseguraban no haber contraído con la cooperativa que aparecía reclamando judicialmente el dinero.

Ese detalle llevó la investigación más atrás.

Los afectados explicaron que sí habían recibido pequeños préstamos, pero que estos habían sido gestionados con un uniformado. Como garantía, según su versión, habían firmado letras de cambio en blanco.

El documento estaba firmado, pero las casillas que posteriormente podían determinar elementos esenciales de la obligación quedaban sin diligenciar.
Según la hipótesis de la Fiscalía, allí estaba una de las claves del mecanismo.

Después de que los policías pagaban las cantidades originalmente prestadas, algunas de las letras de cambio no les habrían sido devueltas.

En lugar de desaparecer una vez extinguida la obligación, los documentos presuntamente fueron diligenciados con cantidades superiores a las convenidas inicialmente.

La investigación conocida públicamente desde julio permitió identificar como uno de los primeros procesados al subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno, quien, según la Fiscalía, habría otorgado préstamos por sumas modestas a otros integrantes de la Policía Nacional en Cértegui y les habría exigido suscribir letras de cambio en blanco como respaldo.

Junto al uniformado fue vinculada Luz Miryam Marulanda Moreno, quien aparecía como acreedora inicial en varios de los documentos posteriormente empleados para realizar los cobros.

La Fiscalía informó el 13 de julio que las 13 denuncias habían sido asociadas dentro de una misma investigación. Una vez saldadas las obligaciones originales, algunos títulos no habrían sido restituidos y posteriormente habrían aparecido diligenciados por cantidades superiores.

El siguiente movimiento era fundamental para que la presunta maniobra trascendiera de un documento privado a un proceso judicial: las letras de cambio eran endosadas.

De acuerdo con la información divulgada inicialmente por la Fiscalía y recogida por distintos medios, los títulos llegaban a una cooperativa cuya ubicación generó interrogantes desde el comienzo de la investigación. Los primeros reportes del ente acusador la describieron como una cooperativa sin domicilio verificable o conocido.

Desde allí comenzaba una segunda etapa.

La cooperativa promovía procesos ejecutivos contra los policías que aparecían como deudores de las obligaciones consignadas en las letras.

De esta manera, unos documentos que los denunciantes aseguraban haber entregado en blanco como respaldo de préstamos pequeños llegaban ante los jueces convertidos en títulos utilizados para exigir judicialmente cantidades mayores.

La consecuencia ya no era solamente una reclamación privada.

Los documentos entraban en el sistema judicial y servían como fundamento de demandas ejecutivas. La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sostiene que mediante ese procedimiento se habría inducido en error a la administración de justicia para obtener decisiones favorables a los cobradores.

El resultado económico podía llegar directamente a la nómina de los uniformados.

Según la Fiscalía, algunos procesos permitieron obtener el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas. Ese porcentaje también aparece en los reportes publicados en julio sobre la primera fase del expediente.

Para los investigadores, por tanto, el centro del caso no se limita a determinar si existieron préstamos y cuánto dinero fue entregado.

La Fiscalía intenta establecer qué ocurrió con las letras de cambio después de que fueron firmadas, quién las diligenció, cuáles fueron las cantidades incorporadas, quién realizó los endosos, cómo llegaron a la cooperativa y bajo qué circunstancias terminaron respaldando procesos ante los jueces.

La investigación adquirió otro elemento relevante durante las primeras actuaciones judiciales.

Se reportó en julio que, durante la audiencia contra Mosquera Moreno y Marulanda Moreno, la Fiscalía hizo referencia a una prueba grafológica relacionada con algunos de los títulos.

El fiscal sostuvo que varios demandados manifestaron no conocer a quienes figuraban como sus demandantes y negaron haber suscrito determinados títulos valores. El reporte agregó que el análisis grafológico no encontró correspondencia entre algunas firmas atribuidas a las víctimas y las consignadas en los documentos examinados.

Ese antecedente resulta especialmente significativo frente al anuncio realizado este 9 de agosto.

La Fiscalía asegura ahora que Paola Andrea Mena Pacheco y Sandra Milet Mena Perea presuntamente utilizaron títulos valores con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra uniformados.

Es decir, la investigación ya no gira únicamente alrededor del eventual diligenciamiento posterior de documentos que originalmente habrían sido firmados en blanco.

El ente acusador también plantea la posible utilización de firmas falsificadas o alteradas en títulos empleados para acudir a los jueces.

En el caso de las dos mujeres judicializadas ahora, la Fiscalía atribuyó además un papel particular a Mena Pacheco.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado este domingo, las letras cuestionadas eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Paola Andrea Mena Pacheco, desde la cual se habrían promovido las demandas ejecutivas contra los afectados.

Ese punto ubica a la cooperativa en el centro de la nueva fase de la investigación.

No se trataba, según la hipótesis del CTI, simplemente de documentos que circulaban entre particulares. Los títulos terminaban siendo presentados dentro de procedimientos judiciales destinados a obtener el pago coercitivo de las supuestas obligaciones.

Para que la maniobra investigada pudiera producir el resultado económico descrito por la Fiscalía era necesaria, precisamente, la intervención de la justicia: presentar el título, iniciar la demanda, conseguir que la obligación fuera reconocida dentro del proceso y obtener medidas que permitieran descontar dinero del salario de los demandados.

Por esa razón, uno de los delitos imputados es fraude procesal.
El Código Penal colombiano contempla esta conducta cuando se utilizan medios fraudulentos para inducir en error a un servidor público con el propósito de obtener una decisión contraria a la ley.

En la hipótesis que investiga la Fiscalía, los documentos presuntamente irregulares habrían sido llevados ante la administración de justicia para conseguir decisiones favorables dentro de procesos ejecutivos.

A Mena Pacheco y Mena Perea también les fueron imputados los delitos de falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.
La imputación fue realizada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó.

Las dos mujeres no aceptaron los cargos, según la información entregada por la Fiscalía.

La nueva actuación amplía así el número de personas que públicamente han sido relacionadas con la investigación. En julio fueron judicializados el subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno y Luz Miryam Marulanda Moreno. En agosto, el ente investigador anunció la vinculación de Paola Andrea Mena Pacheco y Sandra Milet Mena Perea.

En el caso del subintendente Mosquera Moreno, los reportes publicados tras la primera judicialización señalaron que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio.

La información difundida este 9 de agosto sobre Mena Pacheco y Mena Perea no señala en el comunicado aportado si contra ellas fue impuesta alguna medida de aseguramiento. Lo confirmado es la formulación de imputación por los tres delitos mencionados y que ninguna aceptó los cargos.

El expediente deja además una secuencia que los investigadores deberán acreditar ante los jueces: pequeños préstamos concedidos a policías; letras de cambio presuntamente firmadas en blanco; documentos que en algunos casos no habrían sido restituidos después del pago; valores posteriormente superiores a los convenidos; posibles firmas falsas o alteradas; endosos de los títulos; intervención de una cooperativa; demandas ejecutivas y, finalmente, órdenes capaces de afectar directamente los salarios de los uniformados.

Las 13 denuncias constituyen hasta ahora el núcleo conocido de la investigación. No significa necesariamente que existan únicamente 13 posibles afectados, sino que esa es la cantidad de casos que la Fiscalía ha informado haber relacionado formalmente dentro de las actuaciones conocidas públicamente.

Tampoco existe, por ahora, una declaración judicial definitiva de responsabilidad de las personas vinculadas. Tanto Mena Pacheco como Mena Perea son procesadas bajo la presunción de inocencia, y las afirmaciones sobre su participación corresponden a la hipótesis que la Fiscalía deberá demostrar durante las etapas posteriores del proceso penal.

Lo que sí empieza a quedar delineado es el recorrido que, según los investigadores, seguía el dinero: de un préstamo pequeño entre personas vinculadas por el entorno policial a una letra de cambio; de la letra a una cooperativa; de la cooperativa a un expediente judicial y del expediente, eventualmente, al salario del uniformado.

Una ruta que convirtió aquellas firmas dejadas sobre documentos en blanco en el elemento central de una investigación que ya ha llevado ante la justicia a cuatro personas y que ahora deberá determinar quién diligenció los títulos, quién alteró o falsificó las firmas señaladas por la Fiscalía, cuánto dinero fue efectivamente cobrado y cuál fue la participación individual de cada uno de los procesados.

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