CIDH publica informe sobre impactos de la violencia Colombia y formula 57 recomendaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe titulado “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, resultado de la visita realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024. El documento analiza los efectos de la violencia en el país y evalúa las respuestas estatales frente a este fenómeno, al tiempo que formula 57 recomendaciones orientadas a la construcción de paz y la garantía de derechos.

Entre las principales recomendaciones, la CIDH plantea la necesidad de impulsar un proceso nacional de diálogo con enfoque en la paz, avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016 y adoptar políticas públicas dirigidas a erradicar la pobreza y mitigar la desigualdad estructural.

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El informe examina los impactos derivados de la persistencia del conflicto armado, la expansión de actores armados ilegales —incluido el crimen organizado y las economías ilícitas—, la violencia institucional, las barreras de acceso a la justicia y la crisis estructural del sistema penitenciario. Asimismo, evalúa las principales políticas públicas de paz, identificando avances y desafíos desde una perspectiva histórica, territorial e interseccional.

La CIDH también analiza los impactos diferenciados de la violencia y la pobreza, teniendo en cuenta las desigualdades y la discriminación estructural que persisten en el país. En ese contexto, documenta brechas que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de desplazamiento forzado.

El organismo reconoce la violencia como un fenómeno estructural vinculado al conflicto armado, las economías ilícitas y las desigualdades históricas, con manifestaciones como homicidios, masacres, violencias basadas en género, reclutamiento forzado, desplazamiento, confinamiento y control territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. En paralelo, señala debilidades institucionales persistentes en las respuestas del Estado.

El documento aborda además la violencia institucional como una expresión estructural de discriminación y desigualdad, derivada tanto de acciones como de omisiones estatales. En este marco, se analizan los obstáculos al acceso a la justicia, la impunidad generalizada y las barreras territoriales, étnico-raciales y de género, así como la crisis del sistema penitenciario, para la cual se subraya la necesidad de reformas estructurales con enfoque interseccional y territorial.

En materia de políticas de paz, el informe revisa las reformas impulsadas desde la Constitución de 1991 y su profundización con el Acuerdo de Paz de 2016. Evalúa avances y limitaciones en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, la participación política y las garantías de los derechos de las víctimas, así como el desarrollo de la política de Paz Total y los desafíos para consolidar una paz estable, inclusiva y sostenible.

La CIDH concluye que la persistencia del conflicto armado ha configurado un orden social violento en diversos territorios del país, donde la ausencia prolongada del Estado facilitó la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales, afectando la democracia, el Estado de derecho y el goce efectivo de los derechos humanos de comunidades en alta vulnerabilidad.

Finalmente, aunque reconoce un cambio de paradigma hacia una política de seguridad humana basada en derechos, dignidad y participación, la Comisión advierte que persisten obstáculos estructurales que dificultan la implementación integral del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. En ese contexto, reiteró su compromiso de acompañar a Colombia en la protección y defensa de los derechos humanos.

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