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Caso Aremca: Imputan a exgobernador de San Andrés por direccionar contrato de más de $11.000 millones
Los detalles del millonario contrato.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta responsabilidad en irregularidades cometidas durante la contratación relacionada con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra valorada en $11.125 millones.
Hawkins Sjogreen, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la suscripción del contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), el cual fue firmado el 19 de octubre de 2022. Dicha entidad, a su vez, subcontrató la ejecución y la interventoría de las actividades previstas.
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Los elementos materiales probatorios indican que la mencionada asociación no contaba con la experiencia técnica de alta precisión exigida para este tipo de intervenciones. El estudio de mercado habría sido insuficiente y la iniciativa, presentada como una gerencia estratégica cuando en realidad correspondía a una obra, no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación, tampoco contaba con las autorizaciones pertinentes y se tramitó por contratación directo desconociendo el requisito de licitación pública.
Las labores iniciaron el 20 de abril de 2023, sin la licencia ambiental que debía expedir la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), ni los permisos correspondientes de la Dirección General Marítima (Dimar). En el sitio se edificaron una plataforma y varios kioscos destinados al turismo, estructuras que tienen riesgo de ser demolidas por carecer de permisos y no se construyó el muelle de acceso a turistas, uno de los principales ítems a realizar.
Antes del inicio de la construcción, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca. Según los peritajes realizados por la Fiscalía, el presunto detrimento patrimonial asciende a 4.330 millones de pesos, cifra relacionada con sobrecostos, no devolución de sumas que dejaron de ejecutarse y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros conceptos.
En el curso de la investigación se conoció que, pese a haber delegado la suscripción del contrato, el exmandatario habría incidido en la orientación del presupuesto, la escogencia del contratista y la modalidad contractual empleada. Igualmente, tendría conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, los desembolsos realizados y la posterior suspensión de la obra.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Hawkins Sjogreen no aceptó los cargos.
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