Cárcel para hombre que amenazó de muerte a funcionarios del Registro de Instrumentos Públicos de Soacha

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Juan Andrés Romero Calderón como el presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, en Cundinamarca. El caso, que se extendió por casi tres años, involucra intimidaciones con arma de fuego dentro de las instalaciones de la entidad pública y el envío de una corona fúnebre al despacho del registrador.

Según las investigaciones del ente acusador, Romero Calderón habría irrumpido en dos oportunidades en las instalaciones de la oficina: la primera en agosto de 2022 y la segunda en octubre de 2025, portando en ambas ocasiones un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a varios servidores públicos. Los hechos, separados por más de tres años, revelaron un patrón de hostigamiento sostenido contra quienes trabajaban en esa dependencia.

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El capítulo más perturbador del caso ocurrió el 8 de abril pasado. El exregistrador de Instrumentos Públicos del municipio, Rafael Mariño, recibió en su despacho una corona fúnebre que, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, fue enviada por Romero Calderón. El siniestro envío fue interpretado como una amenaza directa de muerte y se convirtió en una pieza clave del expediente en su contra.

Las motivaciones detrás de las amenazas apuntan a un conflicto de intereses económicos. Las investigaciones indican que Romero Calderón habría actuado en respuesta a determinaciones administrativas de la entidad, principalmente el bloqueo de documentos legales vinculados a terrenos ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha, predios sobre los cuales el procesado pretendía desarrollar actividades de explotación económica. En otras palabras, las intimidaciones serían una retaliación por decisiones institucionales que afectaron sus intereses.

La captura se materializó lejos del municipio donde ocurrieron los hechos. Personal de la Policía Nacional hizo efectiva la orden de arresto en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Una vez detenido, fue llevado ante las autoridades judiciales para surtir el proceso de imputación de cargos.

Un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario. La petición fue respaldada por el juez de control de garantías que dirigió las audiencias concentradas, por lo que Romero Calderón quedó recluido en un establecimiento penitenciario a la espera de las siguientes etapas del proceso penal.

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