Barbarie animal: detectan a sujeto con 4.235 aletas de tiburón para la venta

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar 4.235 aletas de tiburón que presuntamente serían transportadas desde Tumaco, Nariño, hasta Ecuador para su comercialización.

El cargamento, distribuido en 13 sacos con un peso superior a 376 kilogramos, fue descubierto durante un operativo adelantado por las autoridades colombianas.

La Fiscalía General de la Nación informó que el material incautado correspondería a más de 1.000 tiburones de distintas especies, entre ellas martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y punta negra, cuya explotación está sometida a restricciones ambientales debido a su importancia para los ecosistemas marinos.

Le sugerimos leer (Congresistas del Centro Democrático, a punto de irse a los golpes por Ley Anticapuchos)

El hallazgo se produjo en un establecimiento comercial dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos de mar, ubicado en el barrio El Bajito, en Tumaco, municipio del litoral Pacífico colombiano y cercano a la frontera con Ecuador.

Durante una diligencia de registro y allanamiento, ordenada por la Fiscalía y ejecutada por unidades de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), los investigadores encontraron las aletas cercenadas, almacenadas en sacos y presuntamente preparadas para su posterior distribución.

En el procedimiento fue capturado De la Cruz Valverde, a quien las autoridades atribuyen la presunta tenencia y almacenamiento del cargamento. Según la investigación, las aletas tenían como destino Ecuador, donde se pretendía comercializarlas.

La Fiscalía estableció, a partir de las evidencias recopiladas, que las 4.235 aletas procederían de más de 1.000 ejemplares. Sin embargo, la información oficial no precisa cuántos animales correspondían a cada especie ni establece el lugar exacto donde fueron capturados.

La entidad señaló que la obtención de las aletas se habría realizado sin autorización de la autoridad ambiental competente y en contravención de las disposiciones que protegen estas especies.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, durante la extracción de las aletas se habría descartado el resto del cuerpo de los animales en el mar, una práctica que ocasiona graves lesiones y puede provocar la muerte de los tiburones.

Este procedimiento, conocido internacionalmente como finning o aleteo de tiburones, consiste en retirar las aletas y desechar el cuerpo del animal, en ocasiones cuando todavía está vivo.

Su práctica está asociada al comercio internacional de productos derivados de tiburones y constituye una de las preocupaciones de las autoridades ambientales encargadas de la conservación de estas especies.

La extracción indiscriminada de tiburones también representa un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas marinos, debido a la función que cumplen como depredadores y reguladores de las poblaciones de otras especies.

En el caso investigado en Tumaco, las autoridades consideran que el volumen del material encontrado y su presunto destino internacional constituyen elementos relevantes para establecer las circunstancias de almacenamiento, transporte y eventual comercialización de las aletas.

Tras la captura, una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna, conductas contempladas en la legislación penal colombiana para sancionar determinadas formas de explotación y comercialización ilegal de recursos naturales y especies silvestres.

El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez determinó que debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La medida de aseguramiento no constituye una condena y el investigado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.

El caso se presenta en un país que cuenta con disposiciones específicas para proteger a los tiburones y restringir su explotación comercial. El Decreto 281 de 2021 estableció medidas de conservación, mientras que la Resolución 380 de ese mismo año excluyó numerosas especies de tiburones y rayas del listado de recursos pesqueros.

Posteriormente, el Ministerio de Ambiente adoptó, mediante la Resolución 854 de 2022, el Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras, con medidas destinadas a reducir las amenazas derivadas de las actividades humanas.

Entre las disposiciones nacionales se encuentran la prohibición de la pesca dirigida de tiburones y del aleteo, así como restricciones a la comercialización y al comercio internacional de sus productos y subproductos. La regulación también contempla condiciones particulares para el aprovechamiento de determinadas capturas incidentales en comunidades costeras.

En 2024, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) expidió la Resolución 119, que modificó la clasificación de algunas especies como recursos pesqueros, sin levantar la prohibición de la pesca dirigida. Esta decisión estuvo acompañada de discusiones sobre el manejo de las capturas incidentales y las condiciones para su aprovechamiento.

En el ámbito internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) mantiene mecanismos de control sobre el comercio de numerosas especies de tiburones y rayas. Su propósito es garantizar que las operaciones internacionales autorizadas cumplan requisitos de legalidad, sostenibilidad y trazabilidad.

Las autoridades colombianas han identificado anteriormente cargamentos de aletas destinados a mercados internacionales. Entre los antecedentes divulgados por el Ministerio de Ambiente figura la incautación en Bogotá de 3.493 aletas de tiburón y 117 kilogramos de vejigas natatorias de pescado que procedían del Valle del Cauca y tenían como destino Hong Kong.

En cuanto al procedimiento desarrollado en Tumaco, la Fiscalía no informó sobre otras capturas ni precisó si existen investigaciones adicionales para identificar a los responsables de la obtención de las aletas, los posibles intermediarios o los destinatarios del cargamento en Ecuador.

Tampoco se estableció públicamente el valor comercial de los 376 kilogramos incautados ni el tiempo durante el cual permanecieron almacenados en el establecimiento intervenido.

Por ahora, William Leonardo de la Cruz Valverde deberá permanecer en un centro carcelario mientras continúa la investigación por los delitos imputados.

Las 4.235 aletas encontradas constituyen el principal material incautado durante el procedimiento y forman parte de las evidencias del proceso penal.

Otras noticias