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Alias 19 arremete contra el Gobierno Petro tras ser condenado
Desde prisión, uno de los cabecillas de la Primera Línea acusa al Gobierno de abandono y exige diálogo con el presidente.

Tres días después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara su condena a 12 años y nueve meses de prisión, Sergio Andrés Pastor, alias 19, uno de los cabecillas más visibles de la Primera Línea durante el estallido social de 2021, afirmó en una entrevista que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha abandonado a los jóvenes que protestaron.
En conversación con el periodista Rafael Poveda en el programa Más allá del silencio, alias 19 aseguró que “no han recibido ayuda de nadie” y que los compromisos hechos por el presidente en campaña no se han cumplido.
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“Ellos saben que parte de que el Gobierno esté en el poder fue por el sacrificio que hicieron los jóvenes a nivel nacional”, expresó.
Durante la entrevista, Pastor cuestionó que muchos de los jóvenes que participaron en las movilizaciones siguen siendo perseguidos o asesinados tras salir de prisión.
“Fue gracias al sacrificio de esos jóvenes, de aquellos que ya ni hablan, de los que no se acuerdan, que comenzó con un Dylan en el 2019 y terminó con un Duván, y aún siguen matando a integrantes de la Primera Línea”, afirmó.
Alias 19 fue sentenciado por los delitos de tortura y concierto para delinquir agravado, en hechos relacionados con retenciones ilegales y agresiones cometidas durante las protestas del paro nacional. La condena fue ratificada por el tribunal el pasado viernes 4 de julio, luego de una audiencia virtual de casi tres horas a la que Pastor asistió desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.
Durante la diligencia judicial, el sentenciado se mostró desafiante ante los magistrados y, tras escuchar el fallo, expresó: “Me parece absurdo lo que está pasando acá”.
Junto a Pastor, también fueron hallados responsables María Marcela Rodríguez, Johan Steven Sainavedra Rubio y Fernando Urrea Martínez, como coautores del delito de tortura. La condena incluye 153 meses y 14 días de prisión, una multa superior a 1.270 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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