Abren investigación por presunto detrimento de $800 millones en Ciudad Bolívar

La Contraloría de Bogotá abrió una investigación de control fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a 800 millones de pesos en la localidad de Ciudad Bolívar, tras identificar posibles irregularidades en la ejecución de recursos públicos.

El caso principal está relacionado con la construcción del salón comunal Las Ojuntas, ubicado en el sector Juan Pablo II, donde, según el contralor local Juan Camilo Zuluaga, se evidenciaron fallas en el avance de la obra y en el manejo de los dineros asignados.

“Es una de las alertas más graves que hemos encontrado”, afirmó el funcionario, quien explicó que la situación fue detectada en el marco de la estrategia “Del escritorio al territorio”, con la que la entidad ha intensificado su presencia en las localidades para recoger directamente las denuncias ciudadanas.

De acuerdo con Zuluaga, las inquietudes de la comunidad fueron determinantes para iniciar la actuación. “Recogimos alertas relacionadas con la ejecución de la obra y el funcionamiento del salón comunal, razón por la cual adelantaremos otra actuación de control fiscal”, señaló.

Además del salón comunal, la Contraloría también puso la lupa sobre otro proyecto de gran envergadura: el Colegio Distrital San Francisco, cuyo valor supera los 21.000 millones de pesos. Esta obra presenta retrasos significativos, luego de que el contrato inicial fuera incumplido por el primer contratista, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso para su culminación.

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En este caso, el ente de control identificó un posible hallazgo fiscal superior a 1.200 millones de pesos, lo que motivó la apertura de una nueva actuación para determinar responsabilidades.

La jornada de verificación contó con la participación de la contralora auxiliar, Verónica Peláez Gutiérrez, y la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán, quienes acompañaron el proceso de recolección de denuncias y seguimiento a los proyectos.

La Contraloría recordó que, en caso de confirmarse irregularidades, puede adelantar procesos de responsabilidad fiscal para recuperar los recursos públicos comprometidos, así como imponer sanciones económicas o incluso solicitar la suspensión de funcionarios involucrados.

El organismo reiteró que su función es garantizar el uso adecuado de los recursos del Distrito y advirtió que continuará desplegando acciones en territorio para detectar posibles anomalías en la ejecución de obras públicas.

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