¿Quién es Alejandro Ordóñez? perfil y trayectoria del nuevo ministro del Interior

Alejandro Ordóñez Maldonado fue anunciado como nuevo ministro del Interior por el presidente Abelardo de la Espriella, en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo, quien salió del Gobierno después de poco más de dos meses en el cargo.

El abogado santandereano, que cumplió 71 años el pasado 29 de mayo, regresa al primer plano de la política nacional tras una carrera de más de cuatro décadas en la administración pública, la justicia, los organismos de control y la diplomacia.

La designación se produce pocas semanas después de que Ordóñez asumiera nuevamente como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo para el cual fue posesionado el 15 de septiembre de 2026 por el canciller Omar Bula Escobar, durante una ceremonia realizada en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Ordóñez nació en Bucaramanga, Santander, el 29 de mayo de 1955. Realizó sus estudios de primaria y bachillerato en el Colegio San Pedro Claver de esa ciudad y posteriormente ingresó a la Universidad Santo Tomás, donde obtuvo su título profesional en Derecho y cursó una especialización en Derecho Administrativo.

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Su formación académica incluye un reconocimiento como magíster honoris causa en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. También ha sido reconocido como académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Su trayectoria pública comenzó en Bucaramanga, donde ejerció como concejal durante el periodo comprendido entre 1986 y 1989. Su participación en la corporación municipal estuvo vinculada al conservatismo, corriente política con la que ha mantenido afinidad durante buena parte de su vida pública.

En 1989 comenzó su relación con la jurisdicción contencioso-administrativa como conjuez del Tribunal Administrativo de Santander. Posteriormente se desempeñó como magistrado de esa corporación, de la que también llegó a ser presidente.

En el año 2000 ingresó al Consejo de Estado, uno de los órganos de cierre de la justicia colombiana, encargado de resolver controversias administrativas y ejercer funciones consultivas en los términos establecidos por la Constitución y la ley.

Durante su permanencia en esa corporación fue elegido presidente del Consejo de Estado en 2004. Su periodo como magistrado concluyó en marzo de 2008, después de ocho años de ejercicio en el alto tribunal.

Además de su actividad judicial, Ordóñez desarrolló una carrera académica como profesor de Derecho en diferentes instituciones universitarias. Fue catedrático de la Universidad Santo Tomás, tanto en Bucaramanga como en Bogotá, y dirigió el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de esa institución.

También ejerció la docencia en las universidades Sergio Arboleda, Católica, Autónoma de Bucaramanga, Autónoma de Nariño, Nacional de Colombia e Industrial de Santander. Su actividad profesional incluye labores de litigio, consultoría jurídica y participación en encuentros académicos nacionales e internacionales.

Su nombre adquirió mayor protagonismo nacional en 2008, cuando fue elegido procurador general de la Nación para el periodo que comenzó en enero de 2009. Desde ese organismo encabezó investigaciones disciplinarias contra servidores públicos, intervino en controversias institucionales y adoptó decisiones que tuvieron repercusiones en la política colombiana.

Durante su primera administración, Ordóñez ejerció las facultades disciplinarias de la Procuraduría, entre ellas la posibilidad de imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios públicos, conforme al régimen jurídico vigente para ese momento.

Una de las decisiones más conocidas de su gestión ocurrió en diciembre de 2013, cuando la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a Gustavo Petro, entonces alcalde mayor de Bogotá.

La medida estuvo relacionada con las actuaciones de la administración distrital durante la modificación del esquema de recolección de basuras implementado en diciembre de 2012.

La sanción desencadenó una controversia judicial que involucró decisiones de autoridades nacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Petro acudió a mecanismos judiciales para cuestionar la actuación disciplinaria y defender sus derechos políticos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la administración de Ordóñez y dio lugar a discusiones jurídicas sobre las competencias de las autoridades administrativas para restringir los derechos políticos de funcionarios elegidos mediante voto popular.

Durante su paso por la Procuraduría también mantuvo posiciones públicas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a otras iniciativas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos.

Sus pronunciamientos estuvieron asociados a sus convicciones religiosas católicas y a su defensa de un modelo tradicional de familia. Esas posiciones generaron confrontaciones con organizaciones defensoras de derechos civiles y sectores políticos que respaldaban las transformaciones jurídicas en esas materias.

Ordóñez ha mantenido una relación pública con el catolicismo tradicionalista y ha defendido postulados religiosos conservadores en distintos escenarios académicos, políticos e institucionales.

En noviembre de 2012, el Senado de la República lo reeligió como procurador general para el periodo 2013-2017. La votación se realizó el 27 de noviembre y Ordóñez obtuvo 80 votos de los 93 emitidos, según consta en el expediente judicial del Consejo de Estado.

Sin embargo, su segundo periodo terminó anticipadamente en septiembre de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló su reelección.

La decisión judicial estuvo relacionada con irregularidades en el procedimiento mediante el cual fue postulado y elegido para continuar al frente de la Procuraduría.

Entre los aspectos examinados figuraron las relaciones entre nombramientos efectuados en la entidad y personas cercanas a integrantes de las instituciones que participaron en su postulación y elección.

La anulación de su reelección puso fin a más de siete años de permanencia en la dirección del Ministerio Público, cargo desde el cual había intervenido en algunas de las principales controversias políticas y jurídicas del país.

Tras abandonar la Procuraduría, Ordóñez participó en la campaña por el “No” durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016, convocado para consultar a los colombianos sobre el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

El exprocurador manifestó su oposición a distintos componentes del acuerdo y se vinculó a los sectores políticos que promovieron el rechazo del texto sometido a votación.

En 2017 inició una nueva etapa política al presentar su aspiración a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. Promovió su candidatura mediante el movimiento La Patria de Pie y adelantó un proceso de recolección de firmas para respaldar su participación electoral.

Posteriormente se incorporó a la consulta interpartidista celebrada el 11 de marzo de 2018, en la que compitió con Iván Duque Márquez y Marta Lucía Ramírez para definir una candidatura presidencial de coalición.

Ordóñez terminó en el tercer lugar de esa consulta, con aproximadamente 385.000 votos, por detrás de Duque y Ramírez. Tras conocerse los resultados, respaldó la candidatura de Duque, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales de ese año.

Después de la llegada de Duque a la Casa de Nariño, Ordóñez fue designado embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, Estados Unidos.

El nombramiento se formalizó mediante un decreto expedido el 24 de agosto de 2018, firmado por el entonces presidente Iván Duque y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo.

Ordóñez asumió la representación diplomática en septiembre de 2018 y permaneció en el cargo hasta agosto de 2022, cuando concluyó el Gobierno de Duque.

Durante ese periodo participó en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA y en discusiones relacionadas con democracia, derechos humanos, asuntos institucionales y la situación política de diferentes países del continente.

Su gestión diplomática estuvo marcada por la posición del Gobierno colombiano frente a la crisis venezolana y por las discusiones multilaterales que se desarrollaron durante esos años en el organismo hemisférico.

Tras finalizar su misión en Washington, Ordóñez se mantuvo vinculado al debate público nacional, especialmente en asuntos relacionados con la política, la justicia, las instituciones y sus posiciones conservadoras.

En 2026 regresó a la representación diplomática colombiana ante la OEA por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 1365 de 2026, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 15 de septiembre fue posesionado oficialmente por el canciller Omar Bula Escobar. Durante la ceremonia manifestó su intención de representar al Estado colombiano y defender los principios promovidos por el presidente De la Espriella.

Con ese nombramiento reemplazó a Luis Ernesto Vargas Silva, quien había ejercido la representación diplomática durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Ahora, con el anuncio de su llegada al Ministerio del Interior, Ordóñez se prepara para ocupar una cartera encargada de las relaciones políticas del Gobierno nacional con el Congreso de la República, las autoridades territoriales, los partidos y diferentes organizaciones sociales.

La entidad también tiene responsabilidades relacionadas con la participación ciudadana, los asuntos étnicos, los derechos humanos, la libertad religiosa y la coordinación de políticas públicas en materias asignadas a su competencia.

Su llegada se produce después de la salida de Rodrigo Lara Restrepo, quien había asumido el Ministerio del Interior el 7 de agosto de 2026, al comienzo de la administración de Abelardo de la Espriella.

Con su designación, Ordóñez sumaría el Ministerio del Interior a una trayectoria que comprende el Concejo de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y dos periodos como representante diplomático de Colombia ante la OEA.

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