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Gobierno presentó decreto para modernizar los puertos de Colombia desde Cartagena

Gobierno presenta en Cartagena decreto de modernización portuaria con siete medidas para atraer inversión, mejorar infraestructura y regular concesiones.

Abelardo de la Espriella modernización portuaria
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 09/10/2026 - 17:31 Créditos: Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Captura de video Presidencia.

El Gobierno nacional presentó este viernes 9 de octubre, en Cartagena, un decreto que modifica las reglas de las concesiones portuarias en Colombia, con el propósito de facilitar nuevas inversiones, modernizar la infraestructura, fortalecer la conexión de las terminales con las redes de transporte y establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las operaciones cuando finalicen los contratos.

La presentación estuvo encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, durante un acto realizado en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena, donde se efectuó la firma simbólica de la disposición que, según anunció el Ministerio de Transporte, quedará en firme durante la próxima semana.

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En la jornada participaron el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y representantes del sector portuario, entre ellos el capitán de navío Alberto Luis Buelvas Susa.

La iniciativa establece siete líneas de actuación relacionadas con las inversiones durante la etapa final de las concesiones, la conectividad logística, la seguridad jurídica, la información contractual, la sostenibilidad ambiental, la protección de los bienes públicos y la vinculación de las comunidades cercanas a las instalaciones portuarias.

Uno de los principales cambios corresponde a la posibilidad de presentar proyectos de inversión cuando falten cinco años o menos para el vencimiento de una concesión. El mecanismo permitirá que los operadores sometan a evaluación de la autoridad competente obras cuya recuperación económica requiera un plazo superior al tiempo restante del contrato.

En estos casos, cuando las inversiones sean aprobadas, podrá reconocerse el valor residual que no haya sido recuperado durante la vigencia de la concesión, de acuerdo con las condiciones establecidas en la regulación. El reconocimiento no será automático y dependerá de los procedimientos y requisitos aplicables.

Durante su intervención, De la Espriella explicó que la proximidad del vencimiento de los contratos puede desestimular la ejecución de obras necesarias para mantener la capacidad operativa de las terminales. El mandatario planteó que las nuevas disposiciones buscan evitar que esas inversiones sean aplazadas exclusivamente por razones relacionadas con la duración contractual.

Como ejemplo, mencionó proyectos que necesitan diez años para recuperar los recursos comprometidos, pese a que la concesión correspondiente dispone únicamente de cuatro años adicionales. Bajo las reglas anunciadas, esas iniciativas podrán ser examinadas para determinar su viabilidad y las condiciones de reconocimiento de los recursos pendientes.

Otro componente del decreto contempla ampliar las inversiones vinculadas a las concesiones para incluir infraestructura que facilite el movimiento de mercancías hacia los puertos y desde estos hacia los centros de producción y consumo del territorio nacional.

En ese apartado se encuentran las obras de acceso marítimo y fluvial, las conexiones ferroviarias, las carreteras y otros proyectos logísticos asociados con el funcionamiento de las terminales. La intención del Ejecutivo es que las intervenciones no se concentren exclusivamente en muelles, patios de almacenamiento y equipos de operación.

El presidente anunció que su administración buscará fortalecer las conexiones entre los diferentes sistemas de transporte, particularmente en aquellas regiones donde las condiciones técnicas permitan recuperar o desarrollar corredores ferroviarios. 

Asimismo, mencionó el aprovechamiento del río Magdalena como alternativa para la movilización de carga, dentro de una estrategia orientada a integrar el transporte fluvial con las operaciones marítimas y terrestres.

La conectividad constituye uno de los aspectos que el Gobierno pretende incorporar a la planificación de las inversiones portuarias. Para ello, las autoridades deberán examinar las necesidades de infraestructura asociadas con las terminales y su articulación con los corredores utilizados por exportadores, importadores y operadores logísticos.

En materia contractual, el decreto busca establecer condiciones que ofrezcan mayor seguridad jurídica a los inversionistas privados, especialmente en proyectos cuya ejecución y recuperación financiera requieren compromisos de largo plazo.

De la Espriella aseguró que el Gobierno respetará las obligaciones adquiridas con los concesionarios y exigirá el cumplimiento de los compromisos establecidos en los respectivos contratos. También indicó que las empresas deberán responder ante las autoridades cuando incumplan las condiciones pactadas.

“Se requiere de la inversión privada y para eso les vamos a dar seguridad jurídica. Y para que esa inversión llegue y permanezca, tenemos que darles la tranquilidad de que esa inversión estará segura”, manifestó el jefe de Estado durante el encuentro.
La administración nacional también anunció la creación del Registro Único de Concesiones Portuarias, un instrumento destinado a centralizar y digitalizar la información relacionada con los contratos del sector.

Este sistema permitirá reunir datos sobre las concesiones y facilitar el seguimiento de sus condiciones, modificaciones y obligaciones. Según lo expuesto durante la presentación, su implementación pretende fortalecer la transparencia, la trazabilidad de los procedimientos y el control público sobre la actividad portuaria.

La medida forma parte de los ajustes relacionados con la administración de la información contractual y los mecanismos de supervisión, en un sector donde las concesiones involucran infraestructura estratégica y bienes de uso público.

En el componente ambiental, el Ejecutivo anunció disposiciones dirigidas a promover inversiones en electrificación de muelles, eficiencia energética, utilización de fuentes de energía limpia y adopción de combustibles de menores emisiones.

También se contemplan iniciativas relacionadas con economía circular, manejo de recursos y protección de la biodiversidad en las áreas donde se desarrollan las operaciones portuarias.

Estas medidas buscan incorporar criterios ambientales a los proyectos de modernización y a las inversiones que presenten los concesionarios. Su ejecución dependerá de las condiciones técnicas, contractuales y regulatorias correspondientes.

La protección del patrimonio público constituye otro de los asuntos incluidos en la reforma. El Gobierno anunció ajustes a las reglas aplicables a la reversión de activos, procedimiento mediante el cual determinados bienes vinculados a una concesión deben regresar al Estado cuando se cumplen las condiciones legales y contractuales.

Las nuevas disposiciones también buscan establecer mecanismos de transición al finalizar los contratos, con el propósito de evitar interrupciones en los servicios portuarios mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Este componente adquiere relevancia ante el vencimiento progresivo de concesiones otorgadas en décadas anteriores. Un diagnóstico sectorial divulgado durante la presentación de la reforma señala que el 85 % de los contratos vigentes llegará a su vencimiento antes de 2040, situación que plantea necesidades de planificación para las autoridades y los operadores.

Por otra parte, el decreto incorpora iniciativas de impacto social vinculadas con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los puertos.

Entre las actuaciones anunciadas se encuentran proyectos de infraestructura comunitaria, programas de formación, apoyo a la pesca artesanal y promoción de actividades productivas relacionadas con las características económicas de cada territorio.

La inclusión de estos componentes pretende que las inversiones portuarias puedan contemplar intervenciones adicionales a las obras destinadas al movimiento y almacenamiento de mercancías, conforme a los mecanismos que establezca la regulación.

Durante el acto, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el Gobierno concentró la reforma en cuatro objetivos generales: estimular la inversión, mejorar la competitividad, fortalecer la transparencia y promover compromisos ambientales y sociales.

La funcionaria señaló que la actualización normativa busca permitir que los concesionarios continúen desarrollando proyectos de modernización, incluso cuando sus contratos se aproximen a la fecha de terminación.

De igual manera, sostuvo que las nuevas reglas permitirán ampliar las posibilidades de inversión en infraestructura y mejorar las conexiones de las terminales con los sistemas de transporte terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario.

Noguera indicó que la regulación quedará en firme durante la semana siguiente a su presentación, una vez se completen los procedimientos correspondientes.

El Ministerio de Transporte había publicado el 5 de octubre de 2026 un proyecto de decreto para modificar y adicionar disposiciones del Decreto 1079 de 2015, reglamento único del sector Transporte, específicamente en materia de concesiones portuarias.

La iniciativa fue sometida a una etapa de publicación para comentarios el 6 de octubre.

Por su parte, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, señaló que las modificaciones buscan fortalecer la relación entre el Gobierno y los concesionarios durante los próximos cuatro años, en un escenario en el que varios contratos se encuentran próximos a su vencimiento.

El funcionario también abordó las relaciones comerciales con Estados Unidos y las negociaciones relacionadas con los aranceles aplicados a productos colombianos.

Según anunció, viajará a Washington la próxima semana para hacer seguimiento a las conversaciones sobre el Acuerdo Comercial Recíproco, identificado como ART, con el propósito de avanzar en las condiciones de acceso de las mercancías nacionales al mercado estadounidense.

Gómez manifestó que una eventual reducción de los aranceles podría favorecer los resultados de las empresas exportadoras y generar mejores condiciones para sus trabajadores. No obstante, durante el anuncio no se confirmó un acuerdo definitivo ni una modificación concreta de las tarifas vigentes.

La presentación también contó con la participación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien destacó la importancia de la actividad portuaria para la economía local, la generación de empleo y las conexiones comerciales de la ciudad.

El mandatario distrital se refirió a los proyectos de movilidad e infraestructura que su administración busca articular con el Gobierno nacional para fortalecer los accesos y las condiciones logísticas de Cartagena.

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