Hijo de Diomedes Díaz obtiene detención domiciliaria en caso por secuestro simple y tortura

Una jueza de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento en lugar de residencia a Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y a otros cinco procesados dentro de una investigación por los delitos de secuestro simple y tortura.

La decisión se produjo durante las audiencias concentradas adelantadas en el proceso penal, en las que el despacho judicial evaluó los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Al sustentar la determinación, la jueza señaló que el expediente contiene suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten establecer una inferencia razonable de autoría o participación de los procesados en los hechos investigados.

Le sugerimos leer (Fallece Perucho Navarro, emblemático "showman" exintegrante de Los Melódicos)

Precisó que este es uno de los requisitos exigidos por la legislación colombiana para imponer una medida de aseguramiento, razón por la cual concluyó que procedía la detención preventiva, aunque bajo la modalidad de detención domiciliaria.

La decisión cobija igualmente a Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, quienes también fueron vinculados formalmente a la investigación y comparecieron ante el despacho judicial durante las diligencias adelantadas en los últimos días.

El proceso judicial tuvo un avance importante esta semana luego de que Luis Mariano Díaz aceptara los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación dentro de un preacuerdo.

Con esa decisión, el expediente entró en una nueva etapa procesal que ahora deberá ser revisada por un juez de conocimiento, autoridad encargada de determinar si el acuerdo celebrado entre el ente acusador y los procesados cumple con los requisitos legales y, en consecuencia, puede ser aprobado.

Durante el desarrollo de las audiencias también se informó que los seis imputados entregaron a la familia de la víctima la suma de diez millones de pesos como parte de una reparación integral acordada dentro del proceso.

Esa consignación fue puesta en conocimiento del despacho judicial y hace parte de los compromisos asumidos por los investigados en el marco de las negociaciones adelantadas con la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación penal, los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2026 en Barranquilla y tuvieron como víctima a Carlos Alfredo Mejía Vargas, un hombre que se desempeñaba como cobrador dentro de una estructura dedicada al préstamo informal de dinero bajo la modalidad conocida como "gota a gota".

Según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, la organización comenzó a sospechar que el trabajador era responsable de la desaparición de aproximadamente 15 millones de pesos producto de la cartera que administraba. Esa presunta pérdida de dinero desencadenó una serie de actuaciones que hoy son materia del proceso judicial por los delitos de secuestro simple y tortura.

La investigación sostiene que la víctima fue citada con el argumento de aclarar lo sucedido con los recursos faltantes. Una vez llegó al lugar acordado, habría sido privada de la libertad por varios integrantes de la organización, entre quienes la Fiscalía señala a Luis Mariano Díaz González y a los demás procesados.

De acuerdo con el expediente, el hombre permaneció retenido contra su voluntad mientras era sometido a interrogatorios relacionados con el dinero desaparecido, sin posibilidad de abandonar el sitio donde permanecía bajo custodia de sus captores.

Durante el tiempo que estuvo retenido, la Fiscalía afirma que Carlos Alfredo Mejía Vargas fue sometido a múltiples agresiones físicas y actos de tortura con el propósito de obligarlo a admitir la supuesta apropiación del dinero o revelar su paradero.

En las audiencias, el ente acusador indicó que la víctima recibió golpes, fue amarrada y sufrió agresiones que le ocasionaron lesiones, al punto que, según el relato presentado por los investigadores, llegó a pedir que le quitaran la vida debido al sufrimiento al que estaba siendo sometido.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la víctima ante las autoridades una vez recuperó la libertad.

A partir de ese testimonio, la Fiscalía y la Policía Judicial recopilaron declaraciones, dictámenes médico-legales y otros elementos de prueba que permitieron solicitar las órdenes de captura contra los presuntos responsables.

El operativo se ejecutó el 24 de junio de 2026, cuando fueron detenidos Luis Mariano Díaz González y otros cinco investigados, quienes posteriormente fueron presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

Otras noticias