Standard & Poor’s baja calificación de Colombia: expertos desmienten a Petro

La reciente decisión de la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) de reducir la calificación de deuda soberana de Colombia generó un amplio debate en el país sobre las causas de este ajuste y los efectos que puede desencadenar en la economía.

La entidad internacional bajó la calificación del país de BB+ a BB, lo que consolida a Colombia en el grupo de países con estatus especulativo. Además, acompañó la decisión con una perspectiva negativa, lo que indica que podrían venir nuevas degradaciones si no se corrigen las señales de deterioro fiscal que identificó la agencia.

Según el informe técnico divulgado por S&P, la rebaja se fundamenta en el debilitamiento de la confianza de los mercados financieros e inversionistas, la desaceleración del crecimiento económico, el aumento del endeudamiento público y una carga de intereses cada vez más pesada para el Estado colombiano. En conjunto, estas condiciones generan una percepción de mayor vulnerabilidad de las finanzas públicas.

La respuesta del presidente Gustavo Petro se conoció pocas horas después de hacerse pública la decisión. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario atribuyó la rebaja a la decisión del Congreso de no aprobar su propuesta de ley de financiamiento, una iniciativa tributaria que, según ha sostenido el Gobierno, buscaba reducir impuestos a las empresas y estimular la economía.

Petro escribió: “Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”.

La declaración generó una inmediata reacción de expertos del sector económico, quienes cuestionaron la explicación del presidente y ofrecieron un análisis distinto.

Varios exfuncionarios, académicos y analistas financieros coincidieron en que la calificación de S&P no está relacionada con la no aprobación de una ley tributaria, sino con decisiones posteriores del Ejecutivo que han modificado el comportamiento fiscal del país.

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Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA. Según Restrepo, los argumentos de S&P y otras calificadoras son explícitos y no mencionan la ausencia de una ley de financiamiento como causa de la rebaja.

Afirmó que “no tiene absolutamente nada que ver” y explicó que el deterioro se originó en el desajuste de las cuentas fiscales del Gobierno, que ha excedido los límites establecidos por la regla fiscal.

Restrepo agregó que el margen de gasto que el Gobierno Nacional ha autorizado entre 2025 y 2026 supera los 200 billones de pesos, una cifra que multiplica por más de 15 el recaudo estimado que habría producido la ley tributaria que se menciona.

En su criterio, la actual administración desbordó los límites fiscales sin un respaldo normativo aprobado por el Legislativo, lo que ha generado señales de desorden macroeconómico ante los observadores internacionales.

En la misma línea, el economista Felipe Campos, gerente de estrategia de la firma Alianza Valores, ofreció cifras adicionales sobre el estado actual de las finanzas públicas.

Campos señaló que el déficit fiscal proyectado para 2025 asciende a 56 billones de pesos y se encuentra en ascenso. Recordó además que, durante el ejercicio fiscal de 2024, el país enfrentó un faltante superior a los 74 billones en ingresos no ejecutados.

A su juicio, las explicaciones gubernamentales sobre los “12 billones” que se habrían recaudado con la ley de financiamiento no solo son imprecisas, sino también marginales frente al tamaño real del desbalance fiscal.

Campos sostuvo que la mitad de esos 12 billones correspondían a mayor endeudamiento, y la otra mitad a una flexibilización de la regla fiscal, medida que de todas maneras fue adoptada por decreto sin aprobación del Congreso.

Con base en ese diagnóstico, afirmó que el Gobierno terminó autorizándose, de manera unilateral, una ley de financiamiento de mucho mayor magnitud que la que pretendía tramitar formalmente, y que esa conducta fue interpretada por las agencias calificadoras como una señal de riesgo estructural.

La rebaja de S&P se suma a la adoptada por Moody’s ese mismo 26 de junio, que también redujo la nota de riesgo país. La tercera gran agencia, Fitch Ratings, aún no se ha pronunciado, pero algunos analistas anticipan que podría seguir el mismo camino en las próximas semanas si se mantienen las condiciones actuales de incertidumbre fiscal.

Como consecuencia de las decisiones de las calificadoras, Colombia se consolida como un emisor de deuda sin grado de inversión, lo que implica mayores costos para acceder al crédito en los mercados internacionales, un encarecimiento del financiamiento de los programas públicos, y una mayor percepción de riesgo entre inversionistas y prestamistas.

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