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SIC abre investigación contra Farmatodo por presuntos dobles cobros y fallas en derecho de retracto

La entidad investiga posibles inconsistencias entre precios informados y cobrados, además de eventuales restricciones al derecho de retracto.

Farmatodo
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 04/03/2026 - 14:36 Créditos: Tomada de https://www.farmatodo.com.co/ SIC formula pliego de cargos contra Farmatodo por presuntos dobles cobros y fallas en derecho de retracto

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició una investigación administrativa contra Farmatodo por presunta infracción al Estatuto del Consumidor.

La decisión se adoptó tras el análisis de una serie de quejas presentadas por consumidores y actuaciones adelantadas de oficio, que incluyeron la revisión del contenido del portal web de la compañía. Según la entidad, se habrían detectado posibles inconsistencias entre los precios informados al público y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto.

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Entre los hallazgos preliminares, la SIC señaló que, presuntamente, entre 2024 y 2025 se registraron cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados atribuidos a la compañía.

Por estos hechos, la Dirección de Investigaciones formuló pliego de cargos contra Farmatodo por posibles fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, lo que implicaría una vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.

Asimismo, la investigación incluye el presunto cobro de precios superiores a los anunciados en algunos productos, lo que podría desconocer la obligación legal de respetar el precio informado al consumidor.

Otro de los cargos está relacionado con el supuesto condicionamiento del derecho de retracto. De acuerdo con la SIC, la empresa habría exigido la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho, lo que podría constituir la imposición de cargas adicionales no previstas en el Estatuto del Consumidor.

“Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada, quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa”, concluyó la entidad.

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