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Presto, la cadena de comida rápida, entra en liquidación judicial por crisis financiera

La Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar a Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto.

Presto liquidación
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 16/10/2026 - 12:59 Créditos: Presto entra en liquidación judicial por crisis financiera. Foto: https://www.presto.com.co/

Otra de las cadenas icónicas de comida rápida del país enfrenta su liquidación. La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa que opera la cadena Presto, después de que la propia compañía pidiera poner fin a su proceso de reorganización por sus dificultades financieras.

La decisión quedó consignada en un auto judicial que además dispuso terminar el acuerdo de reorganización, el cual había sido confirmado el 30 de abril de 2026.

De acuerdo con la información del proceso, la solicitud fue presentada el 30 de septiembre de 2026 por la apoderada de la compañía, por decisión de su máximo órgano social.

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Entre las razones que motivaron la determinación figura una evaluación de la viabilidad operativa de la empresa, que evidenció una fuerte disminución del flujo de caja y dificultades para seguir funcionando bajo la hipótesis de negocio en marcha. A ello se sumaban retrasos y falta de pago de gastos de administración, así como incumplimientos de las obligaciones adquiridas tras la confirmación del acuerdo de reorganización.

Frente a este panorama, la Superintendencia de Sociedades determinó que se configuraban las causales legales para terminar el acuerdo y dar paso a la liquidación judicial, conforme a la Ley 1116 de 2006.

Como parte del proceso, el despacho ordenó medidas cautelares sobre los bienes de la deudora, entre ellas su embargo y secuestro, y dispuso el cese de funciones de sus actuales administradores.

También designó a Mónica Alexandra Macías Sánchez como liquidadora, quien se encargará de gestionar el patrimonio de la sociedad y adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

Finalmente, la Superintendencia concedió a los acreedores un plazo de 20 días para presentar formalmente sus créditos ante la liquidadora designada.

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