Presidente Petro anuncia la liquidación de Air-e y gremios alertan sobre deudas por $2,5 billones

El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional avanzará en la liquidación de la empresa Air-e, operadora del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, una decisión que ha generado preocupación entre representantes del sector energético debido a las obligaciones financieras que acumula la compañía y a las implicaciones que podría tener para el sistema eléctrico del país.

La declaración del mandatario se produjo mientras la empresa continúa bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que asumió el control de la compañía en septiembre de 2024 con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y atender las dificultades financieras que enfrentaba la distribuidora.

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Según explicó el jefe de Estado, la intención del Gobierno consiste en liquidar Air-e y utilizar sus activos para conformar una nueva estructura empresarial junto con otra compañía pública de la región Caribe.

La propuesta forma parte de una estrategia que, de acuerdo con el mandatario, busca fortalecer la capacidad estatal para participar en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Gobierno plantea mayor participación de Ecopetrol en el sector eléctrico

Durante su intervención, Petro también insistió en la necesidad de que el Congreso de la República habilite a Ecopetrol para desarrollar actividades de generación de energía destinadas al suministro del servicio público.

La propuesta se enmarca dentro de los planes gubernamentales relacionados con la transición energética y la expansión de proyectos de generación renovable en la región Caribe.

Según señaló el presidente, el programa denominado Colombia Solar dispone de recursos aprobados por aproximadamente ocho billones de pesos para impulsar iniciativas orientadas a incrementar la producción de energía a partir de fuentes renovables.

El mandatario manifestó igualmente que los recursos provenientes de regalías podrían convertirse en un mecanismo de financiación para nuevos proyectos energéticos, especialmente aquellos vinculados con tecnologías limpias.

No obstante, sostuvo que la empresa que surja de la reorganización propuesta debe conservar un carácter nacional que garantice la capacidad de realizar inversiones de largo plazo.

La iniciativa del Gobierno surge en un contexto marcado por la situación financiera de Air-e, compañía que atiende una porción relevante del mercado eléctrico colombiano.

De acuerdo con cifras del sector, la empresa representa alrededor del 12 % de la demanda nacional de energía, por lo que cualquier determinación relacionada con su futuro tiene repercusiones directas sobre la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio.

Durante los últimos meses, diversos agentes del mercado han manifestado inquietud por el crecimiento de las obligaciones económicas de la compañía y por los retrasos registrados en el pago a proveedores y demás actores del sector energético.

Las dificultades financieras se han convertido en uno de los principales puntos de discusión desde que la Nación asumió la administración de la empresa a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Andeg cuestiona la propuesta de liquidación

Las declaraciones del presidente provocaron una reacción inmediata entre representantes del sector energético. Uno de los pronunciamientos más relevantes provino de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cuyo presidente, Alejandro Castañeda, expresó reparos frente a la posibilidad de liquidar la empresa.

El dirigente gremial recordó que Air-e se encuentra bajo control estatal desde hace aproximadamente veintiún meses y señaló que durante ese período la responsabilidad por la operación del servicio ha recaído directamente en las autoridades nacionales.

Según explicó, desde el momento en que se produjo la intervención, la obligación de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira pasó a estar bajo la supervisión y administración del Estado a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Castañeda indicó que la propuesta anunciada por el presidente tomó por sorpresa a los agentes del mercado y cuestionó la viabilidad de una liquidación en las condiciones actuales de la compañía.

Uno de los principales argumentos expuestos por Andeg se relaciona con el volumen de las deudas que mantiene Air-e con diferentes acreedores.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio, las obligaciones pendientes con empresas del sector eléctrico alcanzarían aproximadamente los 2,5 billones de pesos.

A esta cifra se sumarían compromisos con otras entidades financieras y acreedores externos.

Castañeda afirmó que cualquier proceso de liquidación debe contemplar mecanismos que permitan responder por dichas obligaciones antes de proceder con la disolución de la empresa.

En su concepto, una eventual liquidación sin la cancelación previa de las deudas podría generar perjuicios para quienes han financiado o prestado servicios a la compañía durante los últimos años.

Asimismo, sostuvo que una medida de esa naturaleza podría derivar en controversias judiciales y reclamaciones contra el Estado colombiano por parte de los acreedores afectados.

Señalamientos sobre el aumento de la deuda durante la intervención

El presidente de Andeg también realizó un balance sobre la evolución financiera de Air-e desde el inicio de la intervención estatal.

Según explicó, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos asumió el control de la empresa, las obligaciones con el sector eléctrico se ubicaban alrededor de los 560.000 millones de pesos.

No obstante, aseguró que esa cifra ha registrado un crecimiento significativo durante el período en que la compañía ha estado bajo administración estatal, hasta alcanzar aproximadamente los 2,5 billones de pesos.

Desde la perspectiva del dirigente gremial, este incremento evidencia dificultades en la gestión financiera desarrollada durante la intervención y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica de la empresa.

Las declaraciones también estuvieron acompañadas de cuestionamientos relacionados con la disponibilidad de información financiera actualizada.

Otro de los aspectos señalados por Andeg tiene que ver con la ausencia de estados financieros recientes que permitan conocer con precisión la situación patrimonial y operativa de la compañía.

Según manifestó Castañeda, la falta de información pública dificulta que los agentes del mercado puedan evaluar el verdadero estado de las finanzas de Air-e y comprender el alcance de sus obligaciones.

El dirigente agregó que durante el período de intervención se han producido múltiples cambios en la administración designada por el Estado, situación que, a su juicio, ha dificultado la continuidad en la gestión de la empresa.

Estas circunstancias, indicó, han contribuido a aumentar la incertidumbre sobre el rumbo de la compañía y sobre las alternativas que podrían adoptarse para garantizar la prestación del servicio en los tres departamentos donde opera.

Frente a las alternativas para enfrentar la crisis financiera de Air-e, Andeg sostiene que la prioridad debió centrarse en garantizar recursos suficientes para atender las obligaciones acumuladas.

El gremio considera que una de las opciones habría sido fortalecer financieramente el fondo empresarial administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de respaldar los compromisos adquiridos por la compañía.

Desde esa perspectiva, la liquidación no resolvería por sí sola los problemas económicos existentes si no se establece previamente un mecanismo para responder ante los acreedores.

Origen de la empresa

La empresa Air-e surgió en octubre de 2020 como parte de la solución diseñada por el Estado colombiano para reemplazar a Electricaribe, compañía que durante años enfrentó problemas financieros, deficiencias en la prestación del servicio y múltiples intervenciones estatales antes de su liquidación definitiva.

Tras la desaparición de Electricaribe, el mercado eléctrico de la región Caribe fue dividido entre dos operadores: Afinia, filial del Grupo EPM, y Air-e, que asumió la distribución y comercialización de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La operación de Air-e fue adjudicada al Consorcio Energía de la Costa, integrado por Latin American Capital Corp y la Empresa de Energía de Pereira. Diversas publicaciones especializadas han señalado que ambas compañías estaban vinculadas al empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla, quien se convirtió en una de las figuras empresariales más visibles detrás del proyecto.

La llegada de Air-e estuvo acompañada por la promesa de modernizar las redes eléctricas, reducir los cortes de energía y mejorar la calidad del servicio en una región que históricamente ha enfrentado problemas de infraestructura y pérdidas de energía superiores al promedio nacional.

Durante los primeros años de operación, la compañía destacó inversiones superiores a 1,2 billones de pesos destinadas a la ampliación de subestaciones, modernización de redes y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Según cifras divulgadas por antiguos directivos de la empresa, algunos indicadores de calidad del servicio mostraron mejoras frente a los niveles registrados durante la etapa final de Electricaribe. También se reportó una reducción gradual en las pérdidas de energía, uno de los principales problemas estructurales del sistema eléctrico caribeño.

Sin embargo, esos avances técnicos convivieron con una creciente inconformidad ciudadana relacionada con las tarifas de energía.

Diversos sectores sociales, gremiales y políticos cuestionaron el costo del servicio en la región Caribe, argumentando que miles de usuarios enfrentaban facturas difíciles de asumir.

La discusión se intensificó debido a la denominada opción tarifaria, mecanismo creado durante la pandemia para diferir cobros que posteriormente fueron trasladados a los usuarios mediante incrementos en las facturas.

Organizaciones de usuarios y dirigentes regionales señalaron que las altas tarifas contribuyeron a profundizar la denominada pobreza energética en varios departamentos de la Costa Atlántica.

Cifras en rojo

A medida que avanzaban los años, la situación financiera de Air-e comenzó a deteriorarse. La empresa advirtió reiteradamente sobre problemas de caja asociados al incremento de los costos de compra de energía, los elevados índices de fraude y conexiones ilegales, las dificultades de recaudo y las deudas acumuladas por diferentes actores del sector.

En septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino la compañía tras considerar que existían riesgos para la continuidad del servicio.

Para entonces, la empresa atendía a más de un millón de usuarios y representaba una porción significativa de la demanda eléctrica nacional.

La intervención estatal abrió un nuevo capítulo de controversias. Mientras el Gobierno sostuvo que la medida buscaba garantizar el suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, gremios del sector comenzaron a cuestionar la capacidad financiera del Estado para rescatar la compañía.

Las preocupaciones aumentaron ante el crecimiento de las obligaciones económicas de Air-e, que según distintas estimaciones del sector alcanzaron varios billones de pesos durante el proceso de intervención.

Otro episodio que incrementó la incertidumbre ocurrió en septiembre de 2024, cuando la empresa informó que había sido víctima de un ciberataque que afectó sistemas informáticos relacionados con la operación, la facturación y la atención de usuarios.

El incidente dificultó el acceso a información administrativa y financiera en momentos en que la Superintendencia adelantaba la revisión de la situación real de la compañía.

La afectación generó nuevas preguntas sobre el estado de las finanzas empresariales y la trazabilidad de algunos registros contables.

Las utilidades de Air-e han sido objeto de debate desde su creación. Aunque la empresa reportó avances operativos e inversiones en infraestructura durante los primeros años, las dificultades financieras persistieron y terminaron derivando en la intervención estatal.

Expertos del sector energético han señalado que el problema no se limita a una sola compañía, sino que refleja desafíos estructurales del mercado eléctrico caribeño, entre ellos los altos niveles de pérdidas no técnicas, el fraude en el consumo de energía, la morosidad de algunos usuarios, los costos regulatorios y las dificultades históricas para garantizar la sostenibilidad financiera de los operadores de distribución en la región.

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