¿Por qué el presupuesto de De La Espriella es mayor que el que dejó Petro? Estas son las cifras

El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso de la República una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027, con gastos por $635 billones, una cifra superior tanto al presupuesto vigente de 2026 como al proyecto que había presentado la administración de Gustavo Petro.

La propuesta incorpora mayores necesidades de endeudamiento y será acompañada posteriormente por una ley de ajuste fiscal con medidas adicionales en materia de ingresos y gastos.

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La reformulación se produjo después de que el nuevo Gobierno solicitara al Congreso la devolución del proyecto presupuestal que había recibido de la administración anterior, al considerar que las cifras planteadas no reflejaban la situación de las finanzas públicas. El Legislativo accedió a la petición y el Ejecutivo presentó este jueves el documento modificado.

El monto de $635 billones representa un incremento de $71,1 billones frente al presupuesto vigente para 2026. También supera en $59,4 billones el proyecto de $575,6 billones que había sido presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la administración De La Espriella, la diferencia obedece a la decisión de incorporar obligaciones que, según el Ejecutivo, no estaban reconocidas en su totalidad en las proyecciones anteriores.

El Ministerio de Hacienda ha definido este proceso como un ejercicio para “sincerar las cuentas” y “poner la casa en orden”, al señalar que durante varios años algunos gastos fueron subestimados, mientras las estimaciones de ingresos estuvieron por encima de los recursos que finalmente podían obtenerse.

La nueva proyección lleva el déficit fiscal previsto para 2027 al 9,4 % del producto interno bruto (PIB), 4,5 puntos porcentuales por encima de la estimación que había realizado el Gobierno anterior.

Entre las obligaciones incorporadas aparecen $6,5 billones destinados al pago de pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para cubrir salarios de funcionarios públicos, $700.000 millones para las universidades públicas y $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La posición del Ejecutivo es que estas partidas no corresponden a la creación de nuevos gastos, sino al reconocimiento del nivel de obligaciones que deberá atender el Estado durante 2027. La inclusión de estos compromisos explica parte del aumento que registra el monto total del proyecto frente a la iniciativa presupuestal presentada anteriormente.

Uno de los principales cambios está relacionado con la forma en que se financiará el presupuesto. Mientras la administración Petro contemplaba obtener recursos mediante una reforma tributaria, el Gobierno De La Espriella plantea inicialmente un incremento del endeudamiento mientras avanza una estrategia de ajuste fiscal.

Para 2027, Colombia buscará alrededor de $238 billones en financiamiento mediante operaciones en el mercado interno y obligaciones en el exterior. Dentro de ese cálculo se contemplan deudas externas por más de US$26.000 millones.

El servicio de la deuda previsto para el próximo año llegará a $155,4 billones. De esa cantidad, $94,4 billones estarán destinados al pago de intereses y $58,2 billones a amortizaciones.

Según el documento presentado por el Gobierno, el reconocimiento de las necesidades reales de ingresos y gastos aumenta los requerimientos de endeudamiento del país.

Bajo la nueva proyección, el endeudamiento neto del Gobierno nacional central pasaría del 5,5 % del PIB contemplado inicialmente al 7,3 % del PIB en el proyecto reformulado.

Esto significa que el Estado destinará en 2027 más recursos al pago de intereses de la deuda que a la totalidad de los programas de inversión contemplados en el presupuesto.

Mientras los intereses representarán $94,4 billones, la inversión será de aproximadamente $86 billones.

La estrategia fiscal no terminará con la aprobación del presupuesto. El Gobierno anunció que durante las próximas semanas presentará al Congreso una “Ley de Ajuste Fiscal”, mediante la cual buscará reducir el déficit primario y adoptar medidas adicionales para ordenar las cuentas públicas.

La meta general contempla una reducción de gastos cercana a los $40 billones. Sin embargo, el Ejecutivo indicó que ese ajuste no se ejecutará completamente durante un solo año, sino que formará parte de una estrategia de mediano plazo.

El Gobierno sostiene que una reducción inmediata del gasto por el monto requerido podría generar efectos sobre la actividad económica y repercutir en variables como el empleo, la pobreza y la desigualdad.

Por esa razón, plantea distribuir las medidas durante varios años y mantener recursos destinados a inversión y a la prestación de servicios públicos.

“La reformulación del PGN 2027 es un componente de una estrategia de ajuste fiscal de mediano plazo, que permita ordenar las cuentas públicas sin comprometer la inversión productiva ni la provisión de bienes y servicios públicos esenciales”, señala el documento presentado por el Ejecutivo.

El proyecto también modifica las prioridades de inversión frente a la propuesta que había dejado la administración anterior.

El Gobierno De La Espriella asignó recursos de acuerdo con las líneas de su programa, entre ellas el fortalecimiento de la fuerza pública y las medidas orientadas al crecimiento económico.

La inversión total prevista alcanza los $86 billones. El sector de Inclusión Social tendrá la mayor asignación, seguido por Transporte y Trabajo.

A pesar de que el nuevo presupuesto no dependerá de la aprobación de una reforma tributaria para completar su financiación, el Gobierno no descartó la creación de nuevos ingresos tributarios.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y su equipo dejaron abierta esa posibilidad dentro de la Ley de Ajuste Fiscal que será presentada al Congreso.

Hasta el momento no se han conocido detalles sobre cuáles impuestos podrían ser creados o modificados mediante esa iniciativa.

La diferencia frente al esquema anterior es que esos recursos no constituyen una condición para completar el presupuesto de 2027, debido a que el faltante será cubierto inicialmente mediante un mayor nivel de endeudamiento.

De esta manera, el Congreso deberá estudiar un Presupuesto General de la Nación por $635 billones, superior en $71,1 billones al vigente para 2026 y en $59,4 billones al proyecto presentado por el Gobierno Petro.

La propuesta contempla un déficit fiscal equivalente al 9,4 % del PIB, necesidades de financiamiento por aproximadamente $238 billones, un servicio de deuda de $155,4 billones y una inversión de $86 billones.

Dentro de las cifras previstas para 2027, el pago de intereses se convierte en uno de los componentes de mayor peso.

Los $94,4 billones destinados exclusivamente a este concepto superarán tanto los $58,2 billones proyectados para amortizar capital como los $86 billones destinados a inversión durante el año.

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