Piden suspender a Ricardo Roa de Ecopetrol tras sanción del CNE por financiación de campaña

El abogado constitucionalista Germán Calderón España solicitó al procurador general, Gregorio Eljach, suspender de manera inmediata a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tras la sanción emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente 2022, de la cual Roa fue gerente. La petición se fundamenta en el artículo 109 de la Constitución, que contempla la pérdida del cargo cuando se comprueban violaciones a los límites de financiación.

En la comunicación enviada a la Procuraduría, Calderón afirmó que la continuidad de Roa en Ecopetrol genera “daños reputacionales y económicos irreparables” para la compañía estatal. También pidió abrir una investigación disciplinaria y aplicar la sanción correspondiente, teniendo en cuenta la responsabilidad atribuida por el tribunal electoral a los directivos de campaña.

La solicitud llega un día después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la tutela presentada por Roa contra la sanción del CNE. En su decisión, la corporación señaló que la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir actuaciones administrativas en materia electoral, y recordó que las decisiones del CNE pueden ser demandadas ante el Consejo de Estado.

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El tribunal también concluyó que no se probó un daño directo a la reputación o estabilidad laboral de Roa que justificara el uso de la acción constitucional. Así mismo, indicó que las pruebas que él alegó como faltantes no fueron solicitadas por él directamente y que no se demostró cómo su ausencia afectó su defensa.

La sanción del CNE determinó que la campaña presidencial del Pacto Histórico violó los topes de financiación al recibir aportes de personas jurídicas, como la USO y Fecode, lo cual está prohibido. Las irregularidades suman cerca de $5.300 millones. Además de Roa, fueron sancionadas la tesorera Lucy Mogollón, la auditora interna María Lucy Soto, la Unión Patriótica y Colombia Humana.

La Procuraduría deberá evaluar si abre una investigación disciplinaria y si procede o no con la suspensión solicitada, conforme a la legislación vigente.

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