Personería de Bogotá alerta: relleno Doña Juana emite 2,02% del metano del país

La Personería de Bogotá advirtió que el modelo actual de manejo de residuos sólidos en la capital presenta signos de agotamiento estructural, tanto en lo ambiental como en lo social.

Durante su intervención en el Foro de Gestión Integral y Sostenible de Residuos, el personero distrital, Andrés Castro Franco, presentó cifras y hechos que, según afirmó, reflejan el fracaso del esquema de enterramiento masivo de desechos vigente en la ciudad.

Uno de los datos más relevantes expuestos por la entidad es que el relleno sanitario Doña Juana, principal sitio de disposición final de residuos del Distrito Capital, concentra más de 63 millones de toneladas de basura acumulada y emite el 2,02 % del metano producido en todo el país.

Este gas, cuyo potencial de calentamiento global es 25 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO₂), genera impactos significativos en el cambio climático.

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La Personería subrayó que esta situación convierte al relleno en un foco de preocupación ambiental de alcance nacional.

En su exposición, Castro Franco recordó que el relleno ha registrado deslizamientos masivos en tres momentos críticos: 1997, 2015 y 2020.

Estos eventos, que afectaron especialmente a los habitantes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar —zonas con indicadores de pobreza monetaria superiores al 57 %—, evidencian, en criterio del organismo de control, las limitaciones técnicas y sociales del actual modelo.

“No se trata de incidentes aislados, sino de la manifestación de una estructura que ha colapsado”, dijo el personero.
En cuanto a la proyección operativa del sitio, la Personería reiteró que la licencia ambiental de Doña Juana, prorrogada por la Corporación Autónoma Regional (CAR) hasta 2029, no resuelve el problema estructural, debido a un límite físico que, según Castro, es “insuperable” sin una reducción sostenida del volumen de residuos que se envían al lugar.

En este sentido, se advirtió sobre el riesgo de que la ciudad herede una crisis sanitaria a las futuras generaciones si no se modifica el rumbo de la política pública en esta materia.

Durante el evento, se hizo referencia a modelos alternativos en otras ciudades. Se mencionó el caso de Buenos Aires, que gestiona más de 22.500 toneladas diarias mediante plantas de tratamiento mecánico-biológico, con una reducción del 65 % en la disposición final.

También se presentó como ejemplo el programa “Caneca Verde” en el municipio de Cajicá, que implementa la separación de residuos orgánicos desde la fuente, lo cual ha demostrado viabilidad técnica y aceptación social.

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En cuanto al enfoque de economía circular, la Personería anunció que realizará seguimiento estricto a la implementación de la normativa que exige a más de 132.000 establecimientos comerciales en Bogotá realizar la separación en la fuente.

Según el jefe del Ministerio Público distrital, el sector productivo debe liderar la transformación del residuo en materia prima secundaria que se reintegre al ciclo económico.

Asimismo, propuso una revisión del esquema tarifario del servicio de aseo, con el fin de que este no solo financie la recolección, sino que también incluya incentivos para la valorización energética y el aprovechamiento de materiales reciclables.

Durante el foro también se discutió el nuevo panorama institucional derivado de la Resolución CRA 1018 de agosto de 2025, la cual negó la prórroga de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) y abrió la posibilidad de un modelo de libre competencia. 

Para la Personería, esta apertura configuraba un riesgo sistémico frente a la continuidad y cobertura del servicio de aseo, así como para los derechos de los recicladores, ante la posibilidad de fragmentación del mercado y pérdida de acceso al material aprovechable.

En enero de 2026, una nueva resolución estableció un régimen transitorio de dos años que prorrogó los contratos existentes hasta 2027.

Frente a este nuevo periodo, el personero enfatizó que se trata de una solución temporal que no resuelve el fondo del problema. “Esta prórroga no es un puerto de destino, es apenas un puente técnico”, afirmó.

En su criterio, Bogotá requiere una transformación profunda del modelo de gestión de residuos, centrada en el respeto por los derechos fundamentales, la adopción de tecnologías sostenibles y la inclusión social de la población recicladora.

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