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Juzgado admite demanda contra 40 bancos por presuntos cobros indebidos del 4x1000 en Colombia
Entidades financieras estarían cobrando el 4x1000 tras reforma tributaria.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo presentada contra decenas de entidades financieras del país por presuntos cobros indebidos del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4x1000, luego de la entrada en vigencia de los cambios establecidos en la Ley 2277 de 2022.
La decisión judicial quedó consignada en el expediente 110013103007-2025-00368-00, firmado el 22 de agosto de 2025 por el juez Sergio Iván Mesa Macías, quien ordenó admitir la demanda instaurada por el abogado Juan Pablo Naranjo Vallejo.
La acción fue dirigida contra un amplio grupo de bancos, compañías de financiamiento y plataformas de pagos, entre ellas Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Occidente, Banco Popular, Scotiabank Colpatria, Banco Caja Social, Itaú, Citibank, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Santander, Lulo Bank, Bancamía, Nu Colombia, RappiPay, Mercado Pago, Movii, Coink y Aval Soluciones Digitales, entre otras entidades del sistema financiero colombiano.
Según el auto judicial, el despacho consideró que la demanda reúne los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998 y en el Código General del Proceso, por lo que ordenó continuar el trámite de la acción colectiva y notificar a las entidades demandadas para que ejerzan su derecho de defensa.
La demanda gira alrededor de la aplicación del artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que modificó las reglas de exención del 4x1000.
La norma estableció que, desde el 13 de diciembre de 2024, los usuarios ya no tendrían que marcar una única cuenta bancaria como exenta del gravamen.
En adelante, el beneficio debía aplicarse automáticamente sobre el conjunto de cuentas de una misma persona, siempre que el total de movimientos mensuales no superara las 350 UVT.
Para 2025, ese límite equivale aproximadamente a $17,4 millones mensuales.
La reforma ordenó a las entidades financieras implementar un sistema de información que permitiera verificar de manera automática las transacciones de los usuarios y aplicar la exención sin necesidad de trámites adicionales.
Sin embargo, los demandantes sostienen que las entidades financieras no implementaron oportunamente ese sistema y continuaron realizando cobros del GMF a millones de clientes pese a que, según la nueva normativa, no debían efectuar la retención.
La acción de grupo busca que la justicia declare la presunta negligencia de las entidades financieras por no automatizar la exención dentro del plazo legal y que se ordene una indemnización para los usuarios afectados.
Según los demandantes, muchos clientes habrían seguido pagando el impuesto aun cuando sus movimientos consolidados no superaban el límite legal establecido por la reforma tributaria.
La demanda señala que algunos usuarios pudieron haber asumido cobros cercanos a los $800.000 anuales por concepto del GMF.
El proceso judicial también plantea cuestionamientos sobre la coordinación entre las entidades financieras, la Superintendencia Financiera, la DIAN y el Ministerio de Hacienda frente a la implementación técnica de la reforma.
Desde finales de 2024 distintos expertos tributarios y medios económicos habían advertido sobre las dificultades para poner en funcionamiento el nuevo esquema de exención automática del 4x1000.
La reforma exigía un sistema unificado de verificación entre bancos y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria.
Sin embargo, durante meses persistieron dudas sobre si la infraestructura tecnológica requerida estaba lista para operar plenamente.
Incluso, publicaciones especializadas en temas tributarios señalaron que la aplicación práctica de la exención dependía precisamente de la creación de ese sistema de información y control.
Hace pocos días se reveló que la reforma acumulaba más de 16 meses sin implementación efectiva y que el vacío operativo ya había provocado demandas por varios billones de pesos.
El Gravamen a los Movimientos Financieros fue creado en 1998 como una medida temporal para afrontar la crisis financiera de finales de los años noventa.
Inicialmente comenzó como un 2x1000 durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero posteriormente se convirtió en un impuesto permanente y aumentó hasta el actual 4x1000.
Hoy representa una de las principales fuentes de recaudo tributario del Estado colombiano.
De acuerdo con cifras citadas en diferentes análisis económicos, el impuesto genera cerca de $16 billones anuales para la Nación.
Los demandantes estiman que entre finales de 2024 y 2025 el sistema financiero habría recaudado alrededor de $9,2 billones por concepto del GMF bajo el esquema cuestionado en la acción colectiva.
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