Infraestructura en Colombia: retroceso histórico, baja inversión y urgencia de una nueva agenda pública

La infraestructura ha sido uno de los ejes centrales de la política pública en Colombia debido a su impacto en la conectividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico del país. No obstante, ese impulso se debilitó durante los últimos cuatro años, periodo en el que se perdió gran parte del terreno ganado entre 2014 y 2020. La caída es significativa, al punto que el sector no ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia.

En cifras, el retroceso es contundente. Tras alcanzar una participación superior al 2% del PIB en 2019, el aporte de las obras civiles se desplomó a 1,1% en 2023, el dato más bajo registrado en lo corrido del siglo. 

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Además, la producción total del sector permanece 27,8% por debajo del nivel prepandemia, mientras que la construcción de carreteras y vías presenta un rezago aún mayor, de 43,8%. Con ello, el país enfrenta un freno estructural en uno de sus motores tradicionales de crecimiento.

A este panorama se suma la transición incompleta entre las concesiones viales de Cuarta Generación (4G) y las de Quinta Generación (5G). Aunque muchos proyectos 4G están finalizando, los 5G han tardado en arrancar, lo que ha generado un vacío en la continuidad de inversiones. La brecha se amplía en el desarrollo multimodal: para octubre de 2025, los avances del Plan Nacional de Desarrollo apenas alcanzan el 47% y ningún proyecto 5G en aeropuertos, ferrocarriles o canales ha iniciado obras.

La debilidad también se refleja en la inversión pública. El Invías, pese a ser la séptima entidad con mayor presupuesto de inversión entre 222 instituciones, solo ha ejecutado en promedio el 50% de sus recursos entre 2022 y 2025. Esta baja ejecución golpea directamente la capacidad del Estado para impulsar obras y dinamizar el sector.

En paralelo, la incertidumbre institucional ha deteriorado la confianza empresarial. Amenazas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias ambiguas han elevado la percepción de riesgo contractual del modelo APP. Sin embargo, un punto contrastante es la capacidad de respuesta regional, que hoy se perfila como el principal motor del sector frente a la desaceleración nacional.

Por lo anterior, los expertos coinciden en que la solución no pasa solo por reactivar proyectos en curso, sino por reconstruir una agenda integral que permita retomar el ciclo de inversión perdido. 

Para ello, se considera indispensable fortalecer la estabilidad contractual del modelo APP, garantizar las vigencias futuras y cumplir los acuerdos vigentes -incluidos los ajustes tarifarios en peajes- para evitar presiones fiscales como el DR13. Además, se requiere formular nuevos proyectos con base en necesidades de competitividad y optimizar costos, especialmente financieros, mediante una evaluación profunda del esquema APP.

En suma, el reto para Colombia es claro: recuperar ritmo, confianza y visión estratégica si quiere que la infraestructura retome su papel como motor de desarrollo y competitividad.

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