Hallan irregularidades por $14.511 millones en el servicio de energía en Huila, Meta y Nariño

La Contraloría General de la República evidenció hallazgos fiscales por más de $14.511 millones en tres auditorías financieras realizadas a las empresas que prestan los servicios de energía en Huila, Meta y Nariño.

El órgano de control evidenció el pago de sanciones por $7.274 millones contra Electrificadora del Huila en el marco de la auditoría financiera de los recursos ejecutados durante 2025.

ElectroHuila fue sancionada en dos ocasiones. La primera, a través de la Resolución No. 75276 de 2025 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que obligó al pago de $6.089 millones.  La sanción se impuso ante el cobro irregular del derecho a participar en procesos de invitación pública, sin sustento legal, ni económico y la prohibición injustificada de la participación de consorcios y uniones temporales, configurando barreras a la libre competencia entre los años 2019 y 2023.

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La entidad argumentó que el pago por estas prácticas anticompetitivas, que se habrían dado en anteriores administraciones, se hizo con el fin de evitar la generación de intereses de mora y la eventual iniciación de procesos de cobro coactivo.

El otro pago de ElectroHuila, realizado el 24 de enero de 2025, corresponde a otra sanción de $1.160 millones impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por fallas en la prestación de la calidad del servicio durante los años 2020 y 2021.

Esta conducta de ElectroHuila fue calificada por la Superintendencia como una infracción grave, reiterada y con alto impacto social, por estar íntimamente ligada al servicio de energía eléctrica y al principio de dignidad humana; dado que su adecuada prestación es esencial para garantizar condiciones mínimas de vida digna, desarrollo de las actividades cotidianas, acceso a otros derechos fundamentales y el bienestar de los usuarios, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado.

Meta

En otra auditoría financiera realizada al sector, la delegada de Minas y Energía determinó un hallazgo fiscal por $5.813 millones por pagos improductivos de sanciones impuestas contra la Electrificadora del Meta, por fallas en la puesta en funcionamiento de varios proyectos de infraestructura que generaron deficiencias en la prestación del servicio de energía en ese departamento.

Uno de los hallazgos de mayor cuantía en esa auditoría tiene que ver con la imposición de sanciones por $2.926 millones, ante deficiencias técnicas y administrativas en los proyectos para la construcción de servicios de infraestructura eléctrica en Santa Helena y Catama.

Ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la electrificadora, a través de los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional, la entidad pagó un gasto injustificado, configurándose un detrimento patrimonial al Estado, derivado de una gestión fiscal ineficiente de los funcionarios responsables de la administración, control y manejo de los proyectos de la sociedad.

Otro de los hallazgos fiscales relevantes evidenciados por la Contraloría General tiene que ver con el pago de $2.562 millones por una multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La situación obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento al cumplimiento normas para prestación del servicio público de energía y a falencias en la gestión de adelantar las acciones necesarias para lograr la cancelación oportuna de las obligaciones de la entidad.

Nariño

El órgano de control determinó hallazgo fiscal por $1.424 millones contra la Centrales Eléctricas de Nariño por efectuar cobro de consumos con métodos no autorizados y contratos que no fueron ejecutados.

Uno de los hallazgos tiene que ver con la sanción que impuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a Centrales Eléctricas de Nariño por $746 millones por cobros de consumos de energía a más de 327 mil usuarios mediante un método no autorizado durante el periodo de la pandemia. En 2025, se efectuó el pago de $566 millones, por lo cual la Contraloría General determinó un hallazgo fiscal durante la auditoría realizada en esa vigencia.

Para la Contraloría existió falta de control y supervisión efectiva por parte de los funcionarios y contratistas responsables de la aplicación de los mecanismos de medición y facturación del consumo, el ejercicio del control interno y la adopción oportuna de correctivos frente a las advertencias efectuadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se evidencia una gestión fiscal ineficiente al suscribir un acuerdo de pago que generó intereses adicionales, y al promover acciones judiciales que concluyeron con condena en costas.

Otro de los hallazgos fue el pago de $350 millones en un contrato con POWERGEN INOVATIONS S.A.S., para la entrega de un sistema que identificaría y caracterizaría perfiles de consumo de los usuarios. Sin embargo, la Contraloría General determinó que, aunque se evidenció el pago por parte de Centrales Eléctricas de Nariño, hubo incumplimientos en el objeto del contrato y en su alcance técnico.

Es decir, la electrificadora no recibió el producto objeto de la contratación debido a debilidades en las labores de supervisión e interventoría del contrato.

La Contraloría General de la República reitera que el pago de multas e intereses moratorios es un gasto improductivo que revela fallas en la planeación financiera y en los mecanismos de gestión y control del recurso, tal y como lo establece el artículo 209 de la Constitución y la Ley 489 de 1998,  que exigen que la administración pública, los particulares y las empresas de servicios públicos domiciliarios que ejerzan funciones administrativas temporales o permanentes, o que manejen o administren recursos públicos, actúen en aplicación de los principios de economía y eficiencia.

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