Gobierno expide decretos de emergencia por inundaciones y destina $8,6 billones para atención y subsidios

El Gobierno nacional expidió un conjunto de decretos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por las lluvias que han provocado inundaciones en distintas regiones del territorio nacional.

Las disposiciones adoptadas establecen una ampliación del presupuesto público y crean instrumentos de apoyo económico dirigidos a hogares y sectores productivos afectados por la temporada invernal.

Las medidas contemplan una adición presupuestal de 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

De acuerdo con los decretos, estos recursos serán destinados a financiar acciones de asistencia humanitaria, reparación de infraestructura pública, programas de apoyo económico y estrategias orientadas a la recuperación de comunidades que han sufrido afectaciones por las precipitaciones.

La mayor parte de los recursos será administrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad responsable de coordinar las acciones institucionales frente a emergencias y desastres en el país.

En total, esta entidad manejará 6,34 billones de pesos, que serán utilizados para ejecutar programas de recuperación temprana, rehabilitación de obras públicas y apoyo a sectores productivos impactados por la temporada de lluvias.

Los decretos también incorporan mecanismos fiscales dirigidos a incrementar los ingresos del Estado con el propósito de financiar las medidas adoptadas durante la emergencia.

Declaratoria sustentada en la crisis causada por las lluvias

La declaratoria de emergencia que dio origen a este paquete normativo responde a los efectos provocados por la actual temporada de lluvias, que ha generado inundaciones en distintos departamentos, daños en vías, puentes, hospitales y sistemas de abastecimiento de agua, así como afectaciones en viviendas y unidades productivas rurales.

Esta declaratoria es distinta a la emergencia económica que el Ejecutivo había decretado anteriormente por la situación fiscal del país, la cual fue suspendida por la Corte Constitucional.

En esta oportunidad, el Gobierno sustentó la medida en los impactos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos que han alterado la infraestructura y las condiciones de vida de miles de personas.

Según lo indicado en los decretos, el objetivo principal de la declaratoria es permitir la adopción de medidas extraordinarias que faciliten la obtención de recursos adicionales para atender las consecuencias de la emergencia y financiar la recuperación de las zonas afectadas.

Cambios tributarios para aumentar el recaudo

Entre las disposiciones adoptadas se incluyen ajustes en el régimen tributario orientados a fortalecer el recaudo fiscal durante el periodo de emergencia.

Una de las medidas consiste en mantener el impuesto aplicado a las plataformas de juegos de suerte y azar en línea con una tarifa del 19 %.

Inicialmente se había contemplado una tasa del 16 %, pero el Gobierno decidió establecer un porcentaje mayor con el propósito de incrementar los ingresos destinados a financiar la atención de la emergencia.

Otra disposición establece un mecanismo de normalización tributaria que permitirá a contribuyentes declarar activos omitidos o bienes no reportados mediante el pago de un impuesto del 19 %.

Este instrumento también contempla la reducción de sanciones e intereses relacionados con obligaciones tributarias en mora.

Adicionalmente, el Ejecutivo dispuso ampliar el alcance del impuesto al patrimonio. Este tributo, que ya se aplicaba a empresas nacionales con determinados niveles de patrimonio, ahora también deberá ser pagado por sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras que operan en Colombia y que registren patrimonios superiores a 10.400 millones de pesos.

Con estas medidas el Gobierno busca incrementar la disponibilidad de recursos para financiar las acciones previstas dentro del estado de emergencia.

Distribución de la adición presupuestal

El Decreto 0241 de 2026 establece la distribución de la adición presupuestal de 8,68 billones de pesos entre distintas entidades del Estado responsables de ejecutar programas relacionados con la atención de la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibirá 6.348.950.610.737 pesos.

Estos recursos se utilizarán para coordinar la recuperación temprana de las zonas afectadas, adelantar obras de rehabilitación de infraestructura, ejecutar programas de apoyo al sector agrícola y financiar proyectos relacionados con transporte y educación en los territorios impactados por las lluvias.

El Ministerio de Hacienda contará con 878.587 millones de pesos, destinados a la financiación de proyectos de agua potable y saneamiento básico que serán ejecutados a través del Fondo Potencia Mundial de la Vida.

El sector salud recibirá 455.271.769.629 pesos para la recuperación de infraestructura hospitalaria, la dotación de centros de atención médica y la implementación de acciones dirigidas a enfrentar enfermedades que pueden presentarse en contextos de inundación.

El Departamento de Prosperidad Social administrará 408.560.135.746 pesos, los cuales serán utilizados para financiar programas de transferencias monetarias y otras iniciativas de apoyo dirigidas a hogares afectados por la emergencia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispondrá de 280.000 millones de pesos para desarrollar acciones orientadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las zonas impactadas por las inundaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa contará con 253.994 millones de pesos destinados a fortalecer las capacidades de búsqueda, rescate y atención de desastres por parte de las Fuerzas Militares y la Policía.

La Dirección Nacional de Bomberos recibirá 30.800 millones de pesos con el propósito de ampliar su capacidad de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas, desarrollar operaciones de rescate acuático y adelantar procesos de potabilización de agua.

La Defensa Civil Colombiana dispondrá de 20.000 millones de pesos para fortalecer su capacidad operativa en las regiones afectadas.

La Policía Nacional recibirá 5.900 millones de pesos que serán utilizados para apoyar labores logísticas y operativas en las zonas donde se han presentado inundaciones.

Lea también: (Crisis en Cuba: Díaz-Canel confirma negociaciones con EE. UU; crecen protestas por apagones y escasez)

Además de estas asignaciones, los recursos contemplados en la adición presupuestal también se destinarán a programas de rehabilitación agrícola, acceso a crédito para productores rurales, alivios relacionados con el uso de tierras, reasentamiento de familias y reparación de viviendas dañadas por las lluvias.

Los decretos también prevén inversiones superiores a un billón de pesos para infraestructura educativa y más de 626.000 millones de pesos para la reconstrucción de carreteras y puentes afectados por la temporada invernal.

Transferencias monetarias para hogares afectados

Otro de los decretos expedidos dentro del estado de emergencia autoriza la entrega de transferencias monetarias extraordinarias dirigidas a hogares que han sufrido afectaciones como consecuencia de las inundaciones.

La ejecución de este programa estará a cargo del Departamento de Prosperidad Social, entidad que contará con más de 408.000 millones de pesos para financiar las transferencias y otros programas sociales.

Las medidas contempladas incluyen transferencias monetarias extraordinarias para las familias damnificadas, distribución de ayudas alimentarias, suministro de agua segura en las zonas impactadas y apoyos temporales orientados a la recuperación de unidades productivas y medios de subsistencia.

El monto que recibirá cada hogar aún no ha sido definido. Según lo indicado en el decreto, el Departamento de Prosperidad Social establecerá posteriormente el valor de las transferencias, el número de beneficiarios y los mecanismos de entrega de los recursos.

Entre los sistemas que podrían utilizarse para la distribución de los pagos se encuentran transferencias a través de billeteras electrónicas u otros medios de pago utilizados en programas sociales del Gobierno.

Líneas de crédito de emergencia para empresas

El paquete de decretos también contempla la creación de un programa de crédito de emergencia destinado a empresas afectadas por la temporada de lluvias, con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el Gobierno, estos créditos tendrán tasas compensadas cercanas a cero y serán canalizados mediante entidades financieras públicas.

El objetivo de esta línea de financiación es facilitar la recuperación de actividades económicas que han sido interrumpidas por las inundaciones o por daños en infraestructura productiva.

De manera adicional, el Ejecutivo formalizó un acuerdo con el sector financiero para permitir la refinanciación de deudas existentes de personas y empresas ubicadas en las zonas afectadas.

Esta iniciativa se desarrollará dentro del programa denominado “Abrigo”, cuyo propósito es aliviar la carga financiera de quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias como consecuencia de la emergencia.

Otras noticias