Déficit de $1.45 billones en Bogotá por alza del salario mínimo, en riesgo 110.000 empleos, según el Concejo

En una sesión de control político desarrollada por la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, se discutió el impacto fiscal y laboral que tendría para la capital del país el reciente aumento del salario mínimo.

La convocatoria fue realizada por miembros de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y Colombia Justa Libres, quienes expresaron preocupaciones sobre las consecuencias presupuestales del ajuste salarial decretado por el Gobierno nacional.

Durante el desarrollo del debate, la Secretaría de Hacienda del Distrito presentó proyecciones según las cuales el incremento del salario mínimo generaría un déficit presupuestal estimado de $1,45 billones.

Este monto, según el informe técnico, afectaría la viabilidad de varios proyectos de infraestructura, obligaría a reasignar recursos entre entidades distritales y podría derivar en una reducción de subsidios sociales, entre ellos los relacionados con vivienda.

Representantes de distintos sectores productivos también participaron en la sesión.

Voceros de gremios vinculados a la gastronomía, el comercio, los bares, el entretenimiento, la construcción y asociaciones de capitales departamentales expresaron su preocupación por las repercusiones que el incremento salarial tendría en la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con sus intervenciones, el mayor costo laboral por hora derivado del aumento afecta directamente la posibilidad de conservar empleos formales, especialmente en contextos donde los márgenes operativos son cada vez más reducidos.

En esa línea, los concejales Sandra Forero, Andrea Ucrós, Diana Diago, Julián Uscátegui y Humberto Amín Martelo alertaron sobre una posible pérdida de más de 110.000 empleos formales en la ciudad, como consecuencia del encarecimiento de la contratación.

Señalaron que el 92 % de las unidades productivas en Bogotá corresponde a micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales enfrentan dificultades crecientes para sostener esquemas formales de empleo ante el incremento de los costos laborales.

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Los concejales también abordaron los efectos del entorno macroeconómico actual. Indicaron que la combinación de inflación persistente y tasas de interés elevadas ha deteriorado la capacidad adquisitiva de una amplia franja de la población, incluyendo a quienes se encuentran por debajo del umbral del salario mínimo.

La dificultad para acceder al crédito formal y la proliferación de mecanismos informales de financiamiento como los préstamos conocidos como “gota a gota” fueron mencionadas como señales del deterioro económico que afecta tanto a familias como a pequeños emprendimientos.

Durante el debate se presentó un análisis sobre los efectos sectoriales del aumento salarial, con énfasis en el impacto diferenciado sobre la participación femenina en el mercado laboral.

Se expuso que sectores como el alojamiento y los servicios de alimentación, donde la presencia de mujeres es mayoritaria, registran altas tasas de informalidad y están entre los más sensibles a los cambios en la estructura de costos de personal.

Según lo manifestado por las concejalas intervinientes, esta situación puede llevar a una mayor precarización o pérdida de empleo para miles de trabajadoras en Bogotá.

En relación con el sistema de salud, se alertó sobre una presión adicional de $90.000 millones sobre las finanzas de las subredes de atención, producto del incremento en los costos asociados a personal y servicios.

Por su parte, el sector educativo experimentaría, de acuerdo con las proyecciones entregadas, un impacto cercano a los $132.000 millones en el presupuesto de 2026, lo que podría repercutir en la continuidad de programas y en la cobertura operativa del sistema distrital.

Al concluir la sesión, los concejales hicieron un llamado a las autoridades distritales a adoptar medidas de contención del gasto y a evitar la creación de nuevos tributos para compensar el déficit.

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