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Corte tumbó cobro a generadoras de energía y ordenó devolver dineros recaudados

La Dian tendrá seis meses para reintegrar o compensar los recursos cobrados durante la emergencia económica.

 ahorro de energía - antena
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 06/05/2026 - 20:59 Créditos: Torre de energía en Colombia. Tomada de iStock

La Corte Constitucional declaró inexequible el cobro creado para las generadoras de energía durante la emergencia económica decretada por el Gobierno y ordenó devolver o compensar los recursos que fueron recaudados bajo esa medida.

La decisión quedó consignada en la Sentencia C-115 de 2026, conocida este miércoles 6 de mayo, mediante la cual la Sala Plena tumbó el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, expedido para adoptar medidas relacionadas con la prestación del servicio público de energía eléctrica.

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Según explicó el alto tribunal, la decisión se deriva de la caída previa del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que había declarado la emergencia económica y social en el país.

Ese decreto ya había sido declarado inexequible anteriormente a través de la Sentencia C-075 de 2026, razón por la cual las normas que se desprendían de dicha emergencia también perdieron sustento jurídico.

Uno de los puntos más relevantes del fallo está relacionado con la devolución de los recursos cobrados mediante la contribución parafiscal impuesta a las generadoras de energía.

“La sumas de dinero que se hubieren recaudado por concepto de la contribución parafiscal deberán ser devueltas o compensadas a los sujetos pasivos”, señaló la Corte en su decisión.

El tribunal ordenó además a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aplicar los mecanismos legales existentes o implementar los necesarios para garantizar la devolución o compensación efectiva de los dineros.

De acuerdo con el fallo, la entidad contará con un plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación oficial de la providencia, para adelantar este proceso.

La decisión abre un nuevo escenario jurídico y fiscal para el Gobierno, que ahora deberá ajustar las medidas adoptadas durante la emergencia económica y evitar eventuales complicaciones en materia financiera y regulatoria en los próximos meses.

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