Consejo Gremial califica de inconstitucional solicitud de la SIC sobre fijación de precios

Diversos sectores empresariales manifestaron su rechazo a la solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que exige a varias compañías entregar información detallada sobre sus estructuras de costos y los mecanismos de fijación de precios. Desde el Consejo Gremial Nacional advirtieron que la medida podría resultar contraproducente y, además, inconstitucional.

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que la Constitución es clara al establecer que “el Estado no puede coadministrar empresas privadas”. En ese sentido, recordó que el artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial, y subrayó que la labor de vigilancia de los mercados no implica exigir información sobre cómo se fijan los precios o los márgenes empresariales.

Lea sobre el mismo tema (Fenalco y Andi critican solicitudes de la SIC por control a precios en Colombia)

Gutiérrez precisó que el Estado sí puede investigar conductas ilegales concretas, pero cuestionó que se solicite de manera masiva y preventiva la lógica interna de fijación de precios. “No se puede actuar como si todas las empresas fueran sospechosas”, afirmó, al advertir que fiscalizar cuánto gana una empresa o cómo define sus políticas comerciales, sin indicios de ilegalidad, no solo es riesgoso, sino contrario a la Constitución.

En ese contexto, la líder gremial sostuvo que los problemas del mercado colombiano no están relacionados con que las empresas obtengan utilidades, sino con deficiencias en la ejecución estatal. A esta posición se sumaron otros gremios, entre ellos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también se pronunció sobre la solicitud de la SIC y aclaró que, si bien la entidad tiene la facultad de requerir información a personas naturales o jurídicas, esta debe ejercerse estrictamente en los términos que establece la ley.

Desde el gremio de los industriales advirtieron que exigir este tipo de información a actores privados podría vulnerar el derecho a la libre empresa, así como la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Además, señalaron que no existe una norma específica que faculte a la SIC para inspeccionar aspectos como los márgenes de ganancia de las empresas o el uso de la tecnología que emplean.

Otras noticias