Compra de helicópteros MI-17: advierten pérdida de US$13 millones en el negocio

La Contraloría General de la República inició el 12 de agosto de 2025 un seguimiento permanente al contrato 012 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems Company, para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17. Allí evidenció un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de USD $13 millones de los USD $16,231 millones entregados como pago anticipado.

Adicionalmente, se identificó un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, con un avance de apenas el 8 %.

Un negocio que se hizo cuando Iván Velásquez era ministro de Defensa y hoy es embajador ante el Vaticano.

Esta advertencia al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional se fundamenta, entre otras, por las siguientes circunstancias:

Deficiencias en la selección del contratista: la Contraloría encontró debilidades en las evaluaciones económica, técnica y jurídica, atribuibles tanto al contratista como al Ministerio de Defensa Nacional, entre las que se encuentran el no cumplimiento con la capacidad financiera para ejecutar el contrato en el plazo previsto al 15 de noviembre de 2025.

Del mismo modo, se pudo evidenciar que el comité técnico evaluador no pudo determinar la acreditación de experiencia del oferente de acuerdo con los parámetros establecidos en el estudio previo.

Para la Contraloría, pese a no acreditar experiencia técnica ni capacidad financiera por parte del contratista, se le otorgó aval jurídico, lo que contraviene el principio de selección objetiva.

Desbalance entre anticipo y ejecución:
El contrato presenta un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8 %, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50 % del valor total del contrato (USD $32.4 millones) que corresponde a USD $16.231 millones.

Esta situación evidencia una desproporción crítica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual.

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La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, a través del supervisor del contrato, advirtió en reiteradas ocasiones los incumplimientos del contratista y conminó a este a dar cumplimiento al clausulado contractual.

No obstante, pese a los oficios de advertencia de fechas 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025, el Ministerio de Defensa solo adoptó la decisión de iniciar el debido proceso del incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre de 2025, lo que refleja una reacción tardía frente a los riesgos contractuales advertidos oportunamente.

Riesgo de pérdida de recursos públicos:
Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales.

Otro aspecto encontrado en el marco del seguimiento permanente fueron precisamente las tres modificaciones a las garantías de cumplimiento a cargo del contratista, la última de ellas fue prorrogada hasta el 11 de marzo de 2025 y se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos.

Adicionalmente, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato, que puede extenderse hasta dos años más.

Impacto en la capacidad operativa: la falta de cumplimiento del contrato conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la flota MI-17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional.

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