Colpensiones reclama traslado de nueve billones de fondos privados

Una nueva polémica sacude al sistema de seguridad social. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, exigió a los fondos privados de pensiones el traslado de más de 45.000 trabajadores de alto riesgo y sus recursos, estimados en $9 billones, que según él deben estar en el régimen público.

“El dinero de la gente de alto riesgo no puede permanecer en los fondos privados”, afirmó Dussán durante el foro “¿Cuáles son las reformas que necesita Colombia?”, al señalar que bomberos, funcionarios de cárceles y mineros están en un régimen que no les corresponde. Según el funcionario, con esos recursos se podría fortalecer el Pilar Solidario y aliviar la carga fiscal del Estado.

El Gobierno ya habría solicitado formalmente la devolución del dinero a las administradoras privadas, con la expectativa de que la Superintendencia Financiera facilite el proceso.

La propuesta, sin embargo, encendió las alarmas. Jerome Sanabria, líder de la iniciativa "No con mi Ahorro", recordó que en 2003 un decreto permitió a los trabajadores de alto riesgo trasladarse a Colpensiones bajo condiciones específicas, pero que no todos lo hicieron porque no les convenía o no cumplían los requisitos. “Lo que se plantea ahora es pasar por encima de la libertad de elección y de la ley de doble asesoría. Esto es una expropiación directa del ahorro de las personas”, advirtió.

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El gremio Asofondos no se ha pronunciado oficialmente, pero especialistas advierten que la propuesta podría vulnerar la confianza en el sistema pensional, pues abriría la puerta a la transferencia forzosa de recursos privados al régimen público.

Además del impacto financiero, el eventual traslado de los $9 billones podría reconfigurar la dinámica del sistema pensional. Analistas señalan que los fondos privados perderían un segmento clave de afiliados que, gracias a las cotizaciones adicionales de sus empleadores, representan un flujo importante de recursos. Esto, advierten, podría afectar la rentabilidad de los portafolios y, en consecuencia, las pensiones futuras de millones de trabajadores.

Otro punto de debate es la sostenibilidad administrativa de Colpensiones. La entidad ya enfrenta rezagos en trámites y procesos judiciales por negación de pensiones, lo que genera dudas sobre su capacidad para absorber a decenas de miles de nuevos afiliados de alto riesgo. 

En el plano político, la exigencia de Dussán se interpreta como un pulso directo en vísperas del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, piedra angular del gobierno de Gustavo Petro. Mientras el Ejecutivo defiende la centralización de los recursos en Colpensiones para ampliar la cobertura del Pilar Solidario, opositores y asociaciones de usuarios aseguran que se trata de un retroceso que pone en riesgo la confianza en el ahorro individual.

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