Colpensiones enfrentará sobrecosto de $5,8 billones por aumento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo legal en Colombia para 2026, fijado en un 23,7 % y que eleva el ingreso mensual a $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte, ha generado una serie de advertencias desde diversos sectores económicos sobre sus efectos estructurales.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que la decisión gubernamental no solo representa un cambio metodológico relevante al basarse en el concepto de “salario vital” impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino que introduce presiones fiscales, operativas y macroeconómicas con potencial de alterar el equilibrio de varios subsistemas financieros, en especial el pensional.

Tradicionalmente, el ajuste del salario mínimo en Colombia se ha definido con base en la inflación y la productividad. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptó un enfoque alternativo centrado en asegurar ingresos considerados “dignos”, según el concepto de la OIT. Esta modificación implica que el ajuste real —descontando inflación y productividad— se ubica en 17,9 puntos porcentuales por encima del promedio histórico de referencia, que rondaba el 1,3 % según Anif.

Este diferencial, calificado por la entidad como una desviación sustancial, se traduce en un aumento abrupto de las obligaciones fiscales del Estado.

Una de las repercusiones más inmediatas señaladas por Anif se relaciona con el sistema pensional del Régimen de Prima Media, operado por Colpensiones.

De acuerdo con los datos más recientes, el 55,4 % de los pensionados en este régimen —una población superior al millón de personas— recibe una mesada equivalente al salario mínimo.

En consecuencia, el ajuste tendrá un impacto directo en el valor de estas pensiones, las cuales deberán incrementarse en la misma proporción.

Esta actualización implicará un gasto fiscal adicional cercano a los $5,8 billones en 2026, una cifra sustancialmente superior a los incrementos registrados en años previos, cuando la fórmula se fundamentaba en parámetros de inflación y productividad.

Asimismo, el análisis de Anif resalta el efecto sobre el mecanismo de deslizamiento de rentas vitalicias. Conforme al Decreto 036 de 2015 y a las modificaciones recientes introducidas por el Decreto 1485 de 2025, el Gobierno debe asumir el diferencial entre la inflación y el salario mínimo en las pensiones contratadas bajo esquemas asegurados.

Esta obligación generará un costo adicional proyectado en $1,5 billones para 2026, el cual recaerá sobre aseguradoras, afiliados y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, incrementando la presión sobre los recursos públicos destinados a cubrir déficits estructurales del sistema.

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En materia de empleo público, el ajuste también se traducirá en una mayor presión sobre la nómina estatal. Se estima que cerca de 80.000 funcionarios, cuyos ingresos están indexados al salario mínimo, recibirán aumentos proporcionales, lo que se traducirá en una presión presupuestaria de al menos $300.000 millones.

Esta estimación, sin embargo, representa un valor máximo, ya que no se cuenta con información suficiente para desagregar con precisión los empleados del nivel central respecto a los del ámbito territorial.

Anif también advirtió que los convenios colectivos podrían escalar este costo, al incorporar cláusulas de actualización automática asociadas al salario mínimo en múltiples entidades subnacionales.

Otro de los efectos identificados es la caída proyectada en el recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas.

El aumento de los costos laborales, sumado a la actualización de los valores deducibles, reducirá la base gravable y los márgenes de utilidad empresariales.

Anif estima que esta dinámica puede traducirse en una disminución de hasta $3,5 billones en el recaudo proyectado para 2027.

El mayor impacto se percibirá en las micro y pequeñas empresas, que representan cerca del 98 % del tejido empresarial colombiano, y en sectores donde los salarios promedios se aproximan al mínimo legal, como agricultura, gastronomía, servicios artísticos y alojamiento.

El estudio advierte que el contexto macroeconómico agrava estos riesgos. La reciente decisión del Banco de la República de elevar en 100 puntos básicos la tasa de intervención añade presión sobre el costo del crédito, lo cual podría inducir una mayor contracción del empleo formal.

Bajo este entorno, se generan incentivos para la informalidad laboral, fenómeno que ya afecta a una proporción significativa de la fuerza laboral colombiana.

A pesar de que el aumento del salario mínimo puede tener efectos redistributivos favorables en el corto plazo, el análisis de Anif estima que el costo fiscal neto del ajuste asciende a $6,5 billones en 2026, sin contabilizar externalidades difíciles de cuantificar, como el incremento potencial en los beneficiarios del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el deterioro en la sostenibilidad de programas sociales.

Finalmente, la entidad concluye que los efectos del ajuste desbordan la actualización simple del ingreso mínimo legal. Según su evaluación, la decisión compromete de forma directa la estabilidad fiscal, la viabilidad de programas sociales dependientes del presupuesto nacional y la eficiencia en la asignación de recursos públicos, generando un escenario de tensión estructural que deberá ser abordado con medidas complementarias de corrección.

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