Asofondos pide a la Corte frenar traslado de recursos pensionales mientras se define legalidad de decreto

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) solicitó a la Corte Constitucional de Colombia suspender temporalmente el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, mientras se resuelve la legalidad del decreto expedido por el Gobierno nacional.

La petición fue radicada como una medida complementaria dentro del proceso que estudia la reforma pensional, con el propósito de evitar que se ejecuten transferencias de recursos antes de que el Consejo de Estado adopte una decisión definitiva o una medida cautelar sobre la validez del decreto.

En el documento, dirigido a la presidenta de la Corte, la magistrada Paola Andrea Meneses, el gremio plantea que se autorice a las AFP a abstenerse temporalmente de cumplir la norma que ordena el traslado de recursos correspondientes a afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado prevista en la reforma pensional.

La solicitud se enmarca en el expediente que actualmente estudia la constitucionalidad de la reforma y que previamente suspendió la entrada en vigor de varios de sus artículos. Según el gremio, la medida busca evitar efectos irreversibles derivados de la aplicación del decreto antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo.

Entre los argumentos jurídicos presentados, Asofondos sostiene que la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024 genera un escenario en el que el Gobierno no tendría facultades para modificar el destino de los recursos mediante decreto. En ese sentido, advierte que permitir la ejecución de la norma podría alterar el diseño legal previsto para el manejo de los ahorros pensionales.

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El gremio también alertó que la aplicación inmediata del decreto podría generar un “daño irreparable” no solo al ahorro pensional de los afiliados, sino también al mercado de valores y a la economía en general. Según el análisis incluido en la solicitud, el traslado implicaría la liquidación acelerada de activos por más de 24 billones de pesos, lo que podría ocasionar desvalorizaciones y pérdidas en títulos financieros.

De acuerdo con el documento, el decreto establece que los recursos deberán ser girados a Colpensiones en plazos reducidos, lo que impediría que las autoridades judiciales adopten medidas oportunas antes de que se ejecuten los traslados.

La solicitud se produce en medio de la controversia generada por el Decreto 415 de 2026 del Ministerio del Trabajo de Colombia, que ordena a las AFP transferir más de 25 billones de pesos a Colpensiones. La medida fija un plazo de 20 días hábiles para trasladar el 50% de los recursos y 10 días adicionales para completar el proceso.

El decreto impacta a 119.632 afiliados que se trasladaron del régimen privado al público en el marco de la reforma pensional. De ese total, más de 22.000 personas ya se pensionaron y reciben mesadas de Colpensiones, mientras cerca de 97.000 aún no cumplen los requisitos para pensionarse.

Desde el Gobierno nacional se ha defendido la medida bajo el principio de sostenibilidad financiera, al considerar que existe un desbalance entre las obligaciones asumidas por Colpensiones y los recursos que permanecen en los fondos privados.

Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si adopta medidas adicionales dentro del proceso de control de la reforma pensional, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre jurídica sobre el manejo de los recursos del sistema.

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