Abogado que demandó esquema de pasaportes advierte: “La Imprenta Nacional podría quebrarse”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera temporal el nuevo esquema previsto para la expedición de pasaportes en Colombia y otorgó un plazo de 20 días al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional para que aclaren las dudas relacionadas con el modelo y el contrato para la prestación del servicio.

La determinación se produjo en el marco de una demanda presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal y quedó consignada en un documento técnico de 83 páginas.

Lea también (Tatiana Vanessa Almanza: Investigan si cuerpo hallado en México corresponde a colombiana desaparecida)

Durante el periodo establecido por el tribunal, las entidades involucradas deberán atender los cuestionamientos formulados sobre la implementación del esquema, mientras el Estado deberá garantizar que la expedición de pasaportes continúe sin interrupciones.

Dupont explicó que la suspensión temporal no implica que los ciudadanos deban quedarse sin la posibilidad de tramitar el documento. Según señaló, durante los 20 días fijados por la justicia existe la obligación de mantener la prestación del servicio y establecer las condiciones necesarias para avanzar hacia un modelo que cumpla con los requisitos legales.

“La función del Estado, del Fondo Rotatorio y de la Imprenta es garantizar que no haya ni un día de interrupción del servicio, que se construya un esquema de transición en el cual podamos transitar a un esquema de pasaportes que sea legal”, manifestó el abogado.

El demandante también anunció que presentará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un memorial aclaratorio con el propósito de precisar los pasos que deberán seguirse después de la decisión.

De acuerdo con su explicación, el objetivo es que el proceso conduzca a un esquema que cuente con seguridad financiera y jurídica.

Dupont sostuvo que acudió a la justicia debido a los cuestionamientos que, a su juicio, existen sobre el modelo planteado para la expedición de los documentos.

El abogado calificó el esquema como una “evidente ilegalidad” y señaló que existe “falta de transparencia” en el proceso, circunstancias que, según afirmó, podrían representar riesgos para el patrimonio público.

El abogado centró parte de sus cuestionamientos en la capacidad financiera de la Imprenta Nacional para asumir las obligaciones derivadas del nuevo modelo.

Según manifestó, las condiciones establecidas podrían comprometer en el futuro la sostenibilidad de la entidad encargada de participar en la expedición de los pasaportes.

“Se trata de un modelo absolutamente insostenible y con muchos riesgos hacia el futuro, sobre todo de carácter financiero”, afirmó Dupont al referirse a las razones que sustentaron sus reparos frente al esquema.

El demandante aseguró además que, bajo las condiciones actualmente contempladas, la situación financiera de la Imprenta Nacional podría deteriorarse hasta afectar su funcionamiento y, como consecuencia, poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.

“La Imprenta Nacional con el actual esquema podría quebrarse y dejar a todos los colombianos sin pasaporte de un día para otro”, manifestó el abogado.
Dupont también se refirió a las condiciones técnicas previstas para la operación futura y aseguró que persisten dudas sobre su desarrollo.

Para sustentar sus afirmaciones, mencionó un documento de la Contraloría que, según indicó, fue remitido al Gobierno semanas antes de la transición y abordó la situación financiera de la Imprenta Nacional.

De acuerdo con el abogado, las condiciones técnicas hacia el futuro permanecen sin suficiente claridad y el documento del organismo de control habría planteado asuntos relacionados con la continuidad financiera de la entidad.

Dupont también respondió a los cuestionamientos sobre una eventual relación con Thomas Greg & Sons, empresa que ha participado en el proceso de producción de pasaportes en Colombia. El abogado negó representar los intereses de esa compañía o mantener algún vínculo comercial con ella.

“No represento los intereses de ninguna empresa privada; como actor popular, solo represento los intereses de las colombianas y los colombianos que tenemos derecho a un pasaporte”, señaló.

Dupont sostuvo que su demanda tampoco pretende impedir que una entidad pública se encargue de la prestación del servicio. Explicó que su cuestionamiento está dirigido a las condiciones bajo las cuales se estructuró el esquema y al cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros necesarios para garantizar su funcionamiento.

“No estamos pidiendo que no sea un actor público el que preste el servicio. Lo que estamos pidiendo es que se haga de forma legal, se haga de forma transparente, se haga de forma sostenible, financiera, técnica y legalmente”, afirmó.

El abogado aclaró además que la decisión adoptada por el magistrado no establece que la Imprenta Nacional sea “absolutamente incompetente” para participar en el proceso de expedición de pasaportes.

Según explicó, los cuestionamientos planteados en la determinación judicial están relacionados con fallas identificadas en el cronograma y en el proceso diseñado para poner en funcionamiento el modelo.

Dupont insistió en que la suspensión debe utilizarse para resolver las dudas planteadas y definir una transición que permita mantener la expedición de los documentos mientras se atienden los requerimientos del tribunal.

“Si se va a buscar un esquema, se debe hacer de forma legal”, concluyó el abogado.

Otras noticias