Varios congresistas investigados obtienen curul para el periodo 2026-2030

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 definieron la nueva composición del Congreso de la República para el periodo 2026-2030, pero también dejaron un dato polémico: varios de los candidatos electos enfrentan investigaciones judiciales, en especial por su presunta relación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante el periodo legislativo 2022-2026, la Corte Suprema de Justicia abrió múltiples investigaciones contra congresistas por distintos casos, siendo el de la Ungrd uno de los más relevantes por el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.

A pesar de estos procesos, varios de los señalados lograron ser elegidos nuevamente o alcanzar por primera vez una curul en el Congreso.

Uno de los casos es el del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien obtuvo una curul para el nuevo periodo legislativo. Manzur es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el saqueo de recursos dentro de la Ungrd.

También por el Partido Conservador aparece el nuevo senador Miguel Ángel Barreto, quien enfrenta una investigación relacionada con el denominado caso de “Las Marionetas”.

Otro de los nombres que logró escaño es Daniel Restrepo, quien estuvo en el centro de la polémica tras la captura y posterior liberación de un escolta que transportaba publicidad política y dinero en efectivo durante la campaña electoral.

El representante Ape Cuello Baute también tiene abierta una investigación en la Corte Suprema por presuntos sobornos relacionados con la adjudicación de contratos financiados con recursos de regalías de paz.

En el caso específico del escándalo de la Ungrd, la representante Karen Manrique fue señalada por Olmedo López, uno de los protagonistas del caso, como parte de la red que habría intervenido en la asignación de contratos. Otro congresista mencionado en ese proceso es Juan Loreto Gómez, quien también consiguió una curul en la Cámara de Representantes.

Dentro del partido Cambio Radical, el senador Didier Lobo Chinchilla también se encuentra bajo investigación de la Corte Suprema por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, debido a un crecimiento patrimonial que, según las pesquisas, incluiría vínculos con empresas y múltiples cuentas bancarias.

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En la misma colectividad figura Carlos Cuenca Chaux, condenado en primera instancia por la supuesta compra de votos en el departamento de Guainía. Además, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito.

Por el Partido Liberal aparece el senador Camilo Torres Villalba, cuya campaña generó controversia tras la difusión de un audio en el que presuntamente se incentivaba el voto a su favor con la promesa de una bonificación en el municipio de Montelíbano, en Córdoba.

En la bancada del Pacto Histórico también hay congresistas bajo investigación. El senador Álex Flórez es investigado por presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado, relacionados con supuestas exigencias de recursos a contratistas para financiar campañas políticas.

Otro caso es el del representante Pedro José Suárez Vacca, investigado por presunto prevaricato por acción agravada por decisiones judiciales tomadas durante su etapa como juez en Tunja.

Finalmente, el congresista David Racero también enfrenta un proceso judicial tras ser citado a indagatoria por presuntamente utilizar personal de su Unidad de Trabajo Legislativo para actividades distintas a sus funciones oficiales. Aunque el Consejo de Estado rechazó solicitudes de pérdida de investidura en su contra, el proceso continúa en curso.

Entre los casos más recientes figura el de la senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), investigada por presunto interés indebido en la celebración de contratos relacionados con proyectos y recursos destinados al departamento de La Guajira.

La presencia de estos nombres en el nuevo Congreso reabre el debate sobre la responsabilidad política y judicial de los legisladores, así como el impacto de las investigaciones en la legitimidad del Legislativo durante el próximo periodo.

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