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Registraduría y segunda vuelta presidencial: así quedó definido el calendario electoral rumbo al 21 de junio
El organismo electoral definió las fechas clave que llevarán a definir el nuevo presidente de Colombia.
La agenda electoral colombiana entró oficialmente en la recta final para la elección del próximo presidente de la República. Con la expedición de la Resolución 5857 del 4 de junio de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha el calendario que regirá la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio, una fecha que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el período constitucional 2026-2030.
El documento, firmado por el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo, da continuidad a la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025 y organiza cada una de las etapas administrativas, logísticas y jurídicas que deben cumplirse para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.
La decisión se produjo luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 mediante la Resolución E-2838 del 4 de junio.
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La expedición del calendario representa mucho más que un trámite administrativo. En la práctica, constituye el inicio formal de las tres semanas más intensas de la contienda electoral.
A partir de ese momento, partidos políticos, campañas presidenciales, autoridades electorales, organismos de control, Fuerza Pública y observadores nacionales e internacionales comienzan a operar bajo una hoja de ruta estrictamente definida por la legislación colombiana.
La resolución recuerda que el artículo 190 de la Constitución Política establece que cuando ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta, debe realizarse una nueva votación tres semanas después entre los dos aspirantes con mayor respaldo ciudadano. Será elegido presidente quien obtenga la mayoría de los votos en esa nueva jornada.
Con la publicación del calendario, el país entra en una fase decisiva caracterizada por la reducción de los tiempos de campaña y el incremento de la actividad institucional.
El cronograma comenzó formalmente el 4 de junio de 2026 con la designación de las comisiones escrutadoras y de los claveros, funcionarios responsables de custodiar documentos y materiales electorales fundamentales para el proceso de escrutinio.
Esta actividad se realiza diez días antes de la elección y tiene sustento en los artículos 148, 149, 157 y 158 del Código Electoral.
Uno de los primeros hitos del calendario se producirá el 15 de junio, cuando se abra oficialmente el período de votación en el exterior.
Como ocurre tradicionalmente en Colombia, los ciudadanos residentes fuera del territorio nacional dispondrán de una semana para ejercer su derecho al voto en consulados y embajadas habilitadas por la Cancillería y la Registraduría.
Este mecanismo busca garantizar la participación política de millones de colombianos que residen en otros países y cuya incidencia electoral ha aumentado significativamente durante las últimas elecciones presidenciales.
La participación de los colombianos en el exterior se ha convertido en un factor cada vez más relevante dentro del escenario político nacional.
En las últimas décadas, el crecimiento de la diáspora colombiana ha ampliado el peso electoral de los puestos de votación internacionales, especialmente en países como Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Ecuador y Panamá.
Tres días antes de la jornada electoral nacional, el calendario establece una fecha clave para las campañas políticas.
El jueves 18 de junio, a las cinco de la tarde, vencerá el plazo para la inscripción de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.
Los testigos cumplen una función fundamental dentro del sistema democrático colombiano, pues son los encargados de vigilar el desarrollo de la votación y de los escrutinios en representación de las campañas y organizaciones políticas.
La importancia de esta figura ha cobrado especial relevancia en los últimos procesos electorales debido a la creciente vigilancia ciudadana sobre la transparencia de los resultados.
La presencia de testigos permite documentar irregularidades, formular reclamaciones y acompañar el conteo de votos desde el cierre de las urnas hasta la consolidación definitiva de los resultados.
El 19 de junio comenzará otro momento decisivo del proceso. Ese día entrará en vigencia la inmunidad legal para los integrantes de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y los claveros.
La medida, contemplada en el Código Electoral, busca proteger la independencia de quienes tendrán la responsabilidad de consolidar y verificar los resultados de la elección presidencial.
Ese mismo día finalizarán los espacios gratuitos asignados en medios de comunicación que utilizan el espectro electromagnético para la difusión de propaganda electoral.
La legislación colombiana establece que cuarenta y ocho horas antes de la votación cesa la divulgación de propaganda política en radio y televisión, dando paso al período de reflexión previo a la jornada electoral.
La cuenta regresiva llegará a su punto culminante el domingo 21 de junio, fecha señalada por la Constitución para la realización de la segunda vuelta presidencial.
Ese día millones de ciudadanos serán convocados nuevamente a las urnas para escoger entre los dos candidatos más votados de la primera ronda.
La resolución establece que desde las tres y treinta de la tarde deberán estar reunidas en las sedes de escrutinio las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares.
Media hora después, a las cuatro de la tarde, comenzará oficialmente el proceso de escrutinio electoral, que se extenderá hasta la medianoche.
Aunque para muchos ciudadanos el proceso parece concluir cuando depositan su voto, para las autoridades electorales es precisamente a partir del cierre de las urnas cuando inicia una de las etapas más sensibles de toda elección.
Los escrutinios constituyen el mecanismo legal mediante el cual se verifican las actas electorales, se resuelven reclamaciones y se consolidan los resultados oficiales.
La resolución establece que los escrutinios municipales, distritales y auxiliares continuarán durante toda la jornada del lunes 22 de junio, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche.
Posteriormente, el martes 23 de junio, comenzarán los escrutinios generales, una etapa en la que se revisan y consolidan los resultados provenientes de todas las regiones del país.
Esta fase resulta especialmente importante en elecciones cerradas o altamente competitivas. Aunque los preconteos permiten conocer tendencias la misma noche de la votación, son los escrutinios los que tienen validez jurídica y determinan oficialmente quién ha sido elegido presidente de Colombia.
La resolución también aclara que las actividades relacionadas con el censo electoral, los jurados de votación y la ubicación de los puestos electorales serán las mismas que se utilizaron durante la primera vuelta presidencial.
Con ello, la Registraduría busca garantizar continuidad operativa y reducir riesgos logísticos en un proceso que debe desarrollarse en un lapso muy corto.
Detrás de cada una de las fechas consignadas en el calendario existe una estructura institucional de enormes proporciones.
Miles de funcionarios de la Registraduría, integrantes del Consejo Nacional Electoral, miembros de la Fuerza Pública, autoridades locales y organismos de control trabajarán coordinadamente para garantizar el funcionamiento del sistema electoral en todo el territorio nacional y en decenas de países donde residen ciudadanos colombianos habilitados para votar.
La publicación de la Resolución 5857 marca, en términos prácticos, el comienzo de la última etapa de la carrera presidencial. A partir de ahora, cada día del calendario adquiere una relevancia estratégica para las campañas, que disponen de apenas unas semanas para conquistar a los votantes indecisos, consolidar alianzas y movilizar apoyos antes de que el país vuelva a las urnas.
La elección del 21 de junio no solo definirá quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años. También pondrá a prueba la capacidad institucional de las autoridades electorales para garantizar un proceso transparente, seguro y confiable en uno de los momentos políticos más determinantes para el futuro del país.
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