Denuncian ante la Fiscalía posible "voto fusil" a favor de Cepeda en 109 municipios de zonas con grupos armados

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el debate sobre la legitimidad de los resultados de la primera vuelta se traslada a los estrados judiciales. El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con 10,3 millones de votos, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta comisión del delito de constreñimiento al sufragante, contemplado en el artículo 387 del Código Penal, en territorios donde el candidato oficialista Iván Cepeda obtuvo resultados que el movimiento califica de "atípicos".

La denuncia fue interpuesta por el abogado constitucionalista Germán Calderón España y se sustenta en un análisis elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien cruzó los resultados electorales de la primera vuelta con el mapa de municipios identificados por la Defensoría del Pueblo como territorios expuestos a riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales. Las conclusiones del estudio son las que motivaron la acción penal y las que el movimiento pone ahora sobre la mesa de la opinión pública.

Le va a interesar (Abelardo De la Espriella dio la lista de políticos que presuntamente están comprando votos en la costa)

Las cifras que detalla la denuncia son contundentes en su presentación. En 109 municipios de los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño, el candidato del Pacto Histórico superó el 70% de la votación analizada. De ese total, 100 municipios -equivalentes al 91,7 %- coinciden exactamente con los territorios clasificados por la Defensoría del Pueblo dentro de niveles de riesgo electoral por presencia de estructuras armadas ilegales. En algunos de esos municipios, la concentración del voto llegó a superar el 97 %, una proporción que Defensores de la Patria considera incompatible con una expresión electoral libre.

El propio abogado denunciante fue directo al explicar el alcance de la acción: "He interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de constreñimiento al sufragante, soportada en un estudio crítico y riguroso elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo. 

La Fiscalía tendrá que investigar la influencia de los fusiles frente al sufragante, porque estos resultados alteran el equilibrio normal de unas elecciones en términos de igualdad". La expresión que da nombre a ese fenómeno ya circula en el debate político colombiano: el "voto fusil", que describe la práctica de obligar a ciudadanos a votar bajo amenaza, presión armada o sometimiento territorial.

El movimiento aclara expresamente que las cifras presentadas no constituyen por sí solas una prueba definitiva de responsabilidad penal, pero insiste en que su coincidencia con territorios sometidos a la influencia o disputa de estructuras armadas obliga a las autoridades a abrir una investigación sobre si existieron amenazas, presiones o mecanismos de coacción destinados a alterar la libertad del sufragio. 

En ese sentido, Defensores de la Patria solicita a la Fiscalía escuchar el testimonio de tres figuras clave: Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral; el exsenador Rodrigo Lara Restrepo; y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien también ha señalado públicamente una presunta coalición entre grupos armados y la campaña de Cepeda en la primera vuelta.

Además de los testimonios, la denuncia pide que la Fiscalía requiera información formal a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las gobernaciones de Cauca, Chocó y Nariño. 

El movimiento también exige que las autoridades electorales, los organismos de control y las entidades territoriales adopten medidas inmediatas para garantizar que la segunda vuelta del 21 de junio se realice con presencia institucional efectiva y plena libertad para los electores en todas las regiones del país, en especial en los territorios que fueron señalados en la denuncia.

Otras noticias