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CNE abre indagación por presuntas irregularidades en financiación de campaña de Iván Cepeda
El organismo electoral investiga posibles excesos en los aportes privados durante la consulta interpartidista de 2025. El candidato tendrá 10 días para responder y aportar pruebas.
El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta interpartidista del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025.
La decisión se tomó tras varias denuncias recibidas por el organismo electoral, entre ellas las presentadas por el senador Jota Pe Hernández, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo y otros ciudadanos, quienes advierten posibles inconsistencias en los aportes privados reportados.
Según los denunciantes, en los gastos de campaña de Cepeda figuran contribuciones significativas provenientes de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S., por un valor de 609 millones de pesos, así como un aporte adicional de 116 millones de pesos por parte de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de dicha compañía. Estos montos, de acuerdo con las quejas, podrían superar el límite legal permitido para financiación privada.
La normativa vigente, establecida en la Ley 1475 de 2011, señala que ningún candidato puede recibir aportes individuales que excedan el 10% del total autorizado para gastos de campaña, lo que constituye el eje central de la investigación en curso.
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Como parte del proceso, el Consejo Nacional Electoral notificó formalmente a Cepeda, quien dispone de un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre los hechos y presentar los documentos que considere necesarios para su defensa.
Asimismo, la autoridad electoral solicitó información a la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S., con el fin de que certifique el origen de los recursos aportados y entregue los respectivos soportes bancarios.
La indagación se encuentra en etapa preliminar, por lo que el organismo deberá evaluar las pruebas recaudadas antes de determinar si hay lugar a una investigación formal o eventuales sanciones.
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