Gobierno Petro plantea convocar una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular: implicaciones y contexto

En medio de una compleja coyuntura social, política y económica, marcada por el recrudecimiento de la violencia, una crisis en el sistema de salud, el reciente atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y la expedición del controvertido Decreto 0639 de 2025 —calificado por amplios sectores académicos y jurídicos como abiertamente inconstitucional—, el exfiscal y actual ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, anunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocará una Asamblea Nacional Constituyente “de origen popular”.

El anuncio reaviva un viejo debate en la historia reciente de Colombia: la posibilidad de reemplazar la Constitución de 1991 por medio de una constituyente que, en esta ocasión, sería promovida por fuera de los canales institucionales establecidos.

El Ejecutivo plantea este mecanismo tras haber acumulado el presupuesto más alto en la historia del país, intentar reformas estructurales que no han prosperado en el Congreso, y sortear la regla fiscal mediante decisiones que han sido objeto de múltiples controversias jurídicas.

¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

Una Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo colegiado de carácter extraordinario, conformado por representantes elegidos por el pueblo con el propósito exclusivo de redactar, reformar o sustituir la Constitución Política de un país.

Su convocatoria supone una ruptura parcial del orden jurídico vigente, ya que introduce nuevas normas fundamentales que redefinen la estructura del Estado, la organización de los poderes públicos y los derechos y deberes de los ciudadanos.

En el caso colombiano, la figura está contemplada expresamente en la Constitución de 1991 como un mecanismo excepcional de reforma constitucional.

¿Qué dice la Constitución de 1991?

El artículo 374 de la Constitución Política establece que la Carta puede ser reformada por tres vías: el Congreso, una Asamblea Constituyente o un referendo. En lo que respecta a la Asamblea Constituyente, el artículo 376 señala:

“Mediante ley aprobada por el Congreso de la República por mayoría de los miembros de ambas cámaras, el pueblo podrá ser convocado a una Asamblea Constituyente con el fin de reformar la Constitución.

La ley que convoque a la Asamblea deberá precisar los términos, el tiempo, la composición y las decisiones que esta podrá adoptar. Dicha ley solo podrá ser sometida a referendo popular si previamente ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional”.

Los pasos

Esto implica, según el orden jurídico vigente, que para que una Asamblea Constituyente sea válida debe seguir estos pasos:

Ley aprobada por el Congreso: Es obligatorio que el Congreso expida una ley que convoque a la Asamblea. Esta ley debe especificar el alcance de la reforma, el número de delegatarios, los límites temporales de funcionamiento y sus competencias.

Revisión previa de constitucionalidad: La Corte Constitucional debe declarar la exequibilidad de dicha ley antes de que sea sometida a referendo.

Aprobación popular mediante referendo: Una vez obtenida la aprobación de la Corte, la ley debe ser refrendada por el pueblo en las urnas.

Este procedimiento fue precisamente el que se aplicó para la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991, luego de un proceso político impulsado desde la llamada “Séptima Papeleta”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte ha sostenido de manera reiterada que toda convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe ceñirse al procedimiento del artículo 376. En sentencias como la C-141 de 2010 y la C-1056 de 2012, el alto tribunal ha advertido que no es posible alterar la Carta Política por vías distintas a las expresamente señaladas en ella, pues eso implicaría un desconocimiento del principio de supremacía constitucional y del Estado de derecho.

En particular, la Corte ha rechazado cualquier intento de “constituyentes originarias” o “asambleas populares” convocadas por fuera del marco constitucional, ya que ello podría derivar en una ruptura institucional.

El anuncio del Gobierno y el concepto de “origen popular”

El ministro Montealegre, quien ha defendido la tesis de que el poder constituyente reside de forma directa en el pueblo y que este puede ser ejercido sin necesidad de intermediación del Congreso, revivió argumentos similares a los que en su momento se esgrimieron en Venezuela y otros países de la región para justificar reformas constitucionales impulsadas desde el Ejecutivo sin pasar por las vías ordinarias.

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Aunque aún no se conocen detalles del mecanismo que se utilizaría para dar inicio al proceso, la idea de una “constituyente de origen popular” plantea interrogantes de orden constitucional.

Según expertos como Rodrigo Uprimny, Juan Manuel Charry y José Gregorio Hernández, cualquier convocatoria por fuera del procedimiento del artículo 376 sería nula de pleno derecho y atentaría contra la estabilidad institucional.

Contexto político del anuncio

El pronunciamiento del ministro ocurre tras el fracaso de la Reforma Laboral en el Congreso, lo que llevó al presidente Petro a expedir el Decreto 0639 de 2025 convocando una consulta popular, en un acto que ha sido calificado por sectores académicos y políticos como un “decretazo inconstitucional”.

Cuatro ministros firmaron el documento en calidad de encargados y no en propiedad, lo que también ha generado suspicacias sobre su legalidad.

Además, el país atraviesa una situación de alta tensión institucional. El atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe, los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre límites del poder ejecutivo, y las denuncias de uso político del presupuesto han encendido alertas sobre el rumbo del Gobierno.

Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el Gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado una creciente ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, sociales y económicos, incluidas voces disidentes dentro de su propia coalición.

Las principales preocupaciones se han concentrado en el deterioro de la seguridad, el colapso progresivo del sistema de salud, la incertidumbre económica y la pérdida de confianza institucional.

Orden público en declive

Uno de los puntos más álgidos ha sido el agravamiento del orden público en vastas regiones del país.

Departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y Chocó registran un incremento sostenido de masacres, homicidios, atentados y desplazamientos forzados.

Las cifras de secuestros y extorsiones también muestran un repunte, mientras que los acuerdos de cese al fuego con grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC se han visto marcados por rupturas, incumplimientos y hechos de violencia.

Paradójicamente, incluso actores ilegales que han sido interlocutores del Gobierno en el marco de la “paz total”, como el ELN, han expresado públicamente su inconformidad con el manejo del proceso.

Las FARC-EP Segunda Marquetalia también han criticado la falta de garantías y coherencia. Por su parte, los representantes de grupos paramilitares, inicialmente habilitados como "gestores de paz", decidieron renunciar en bloque a esa figura, alegando manipulación política y falta de voluntad real del Ejecutivo.

Salud y economía

En paralelo, el sistema de salud atraviesa una crisis estructural agudizada por decisiones gubernamentales que han generado incertidumbre tanto en EPS como en prestadores.

La intervención administrativa de varias entidades, el giro directo de recursos por fuera de los mecanismos establecidos y el intento de reforma del sector —bloqueado en el Congreso— han llevado a retrasos en pagos, colapso en la atención y múltiples protestas de usuarios y personal médico.

En el terreno económico, si bien se ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica en algunos indicadores, persiste una desaceleración general del crecimiento.

El desempleo estructural, la caída en la inversión privada, la incertidumbre regulatoria y los continuos choques institucionales han afectado la confianza del empresariado.

A esto se suma el hecho de que el Gobierno ha ejecutado el presupuesto más alto en la historia del país, sin que ello se haya traducido en mejoras tangibles en bienestar, productividad o competitividad.

Las consecuencias políticas de este panorama se reflejan en las encuestas de opinión más recientes. Estudios de percepción como los de Invamer y Datexco revelan una caída constante en la imagen favorable del presidente Petro, que en algunos sondeos ya se encuentra por debajo del 30%.

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