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MinEducación pide derogar con urgencia la política de educación sexual y reproductiva en Colombia
Según la ministra, Ilva Myriam Hoyos, esta resolución podría afectar la autonomía escolar.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó la derogatoria urgente de la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026, mediante la cual se adoptó la “Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035” que coordina el trabajo de los ministerios de Salud, Educación y Cultura.
La petición fue presentada mediante una carta dirigida a Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
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En la misiva, la funcionaria argumentó que existen cuestionamientos constitucionales y legales que requieren una revisión prioritaria de la medida.
Hoyos sostiene que la resolución no constituye únicamente un instrumento técnico intersectorial, sino que "incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos".
Según la ministra, la norma establece como objetivos la transformación de las normas sociales y de género, así como la incorporación transversal de sus contenidos en las instituciones educativas.
Además, en la carta, señala varios puntos que, a su consideración, podría estar afectando la resolución que cuestiona y que se deben revisar:
La suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica.
- La posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos.
- La proyección de obligaciones hasta 2035.
- La imposición de compromisos de planeación y financiación.
Frente a la solicitud, la funcionaria planteó dos acciones principales. La primera consiste en que se haga la revisión de la resolución entre los cuatro ministerios, señalando que desde el Ministerio de Educación pueden liderar la resolución de derogatoria para que se tramite lo más pronto posible.
"El documento técnico preparado para este propósito contempla precisamente la coordinación entre los cuatro ministerios, la memoria justificativa y, cuando resulte exigible, la consulta pública correspondiente.
La segunda propuesta busca que se expida una instrucción dirigida a los funcionarios del Gobierno nacional para que no se adelanten nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, pedagógicas o de implementación sustentadas en la Resolución 1350 de 2026.
Hoyos justificó la urgencia de la solicitud afirmando que la resolución cuestionada establece tiempos para cumplir compromisos, y cada día que pasa puede generar nuevos compromisos.
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