Así fue la elección popular de jueces y magistrados en México, académico argentino Roberto Gargarella lo critica

El jurista argentino Roberto Gargarella, especializado en Derecho Constitucional y con formación doctoral en la Universidad de Chicago, cuestionó en términos categóricos el reciente proceso de elección judicial llevado a cabo en México, al que calificó como un fenómeno de profunda crisis institucional.

Según el académico, el evento no solo carece de legitimidad democrática, sino que representa un escenario preocupante de concentración del poder que pone en entredicho el carácter republicano del Estado mexicano.

Durante su participación en el programa informativo “Aristegui en Vivo”, Gargarella manifestó que la elección no puede ser interpretada como un ejercicio genuino de voluntad ciudadana, dado que la participación fue escasa, la comprensión del proceso resultó limitada para la mayoría de la población y las condiciones en que se llevó a cabo plantean serias dudas sobre su validez democrática.

Afirmó que, independientemente del resultado o de la persona elegida, el procedimiento estuvo marcado por lo que definió como una “herida en la legitimidad democrática”.

El jurista sostuvo que la falta de entusiasmo entre los electores y la complejidad del mecanismo de votación provocaron que la mayoría de la ciudadanía optara por no participar.

Según sus palabras, el escaso involucramiento popular no puede interpretarse de otra manera que como un signo de rechazo o indiferencia frente a una iniciativa institucional que no logró conectar con las expectativas colectivas.

Agregó que el proceso no generó una relación sólida entre el sistema judicial y el marco democrático, lo cual, a su juicio, constituye una falla estructural de gran magnitud.

“Los resultados de esta consulta”, expresó Gargarella, “fueron utilizados para aparentar un aval popular inexistente y revestir de formalidad una decisión que, en la práctica, consolida una dinámica de poder vertical”.

Desde su perspectiva, se trató de un intento deliberado de construir una fachada participativa que encubre una reconfiguración de poderes con objetivos de control político, bajo una estructura que deja sin representación real a sectores relevantes de la sociedad civil.

Al ser interrogado sobre su uso del término “autócratas”, el académico explicó que dicha expresión no debe interpretarse como una simple descalificación personal, sino como una descripción conceptual de ciertas figuras contemporáneas que actúan al margen de los equilibrios institucionales.

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Indicó que este tipo de liderazgo se caracteriza por asumir competencias de manera unilateral, minimizando los espacios deliberativos y debilitando la separación de poderes.

Señaló como ejemplo la situación política de Argentina, país del que es originario, para ilustrar cómo el uso agresivo del discurso público y el debilitamiento sistemático de los órganos de control son rasgos visibles en distintos contextos de la región.

En el caso específico de México, Gargarella apuntó que la creciente militarización de la política, la acumulación de funciones en el Ejecutivo y el dominio parlamentario del oficialismo generan un entorno que dificulta la existencia de contrapesos eficaces.

Afirmó que, bajo esas condiciones, la noción de democracia representativa tiende a disolverse y se transforma en una estructura formal que encubre relaciones de poder asimétricas. Indicó que la presunta incorporación del poder judicial a esta dinámica consolida un esquema de hegemonía institucional difícil de revertir.

El constitucionalista expresó que estas tendencias forman parte de un fenómeno más amplio que atraviesa a varias democracias occidentales, donde se han normalizado prácticas de concentración del poder, debilitamiento del pluralismo y reducción de la deliberación pública.

Dijo que el momento actual puede describirse como uno de los más complejos para el constitucionalismo contemporáneo, ya que muchas de las garantías que protegían los principios de legalidad y representación están siendo sustituidas por mecanismos plebiscitarios de legitimación sin sustancia.

En este marco, Gargarella no dudó en calificar el proceso de elección judicial en México como una de las crisis jurídicas más relevantes del periodo reciente. Señaló que, desde su punto de vista académico y político, lo ocurrido constituye una “tragedia institucional”, cuyas consecuencias aún están por medirse, pero que, en su diagnóstico preliminar, revela un debilitamiento profundo del pacto democrático.

Por último, insistió en que los eventos observados no deben entenderse como un caso aislado, sino como parte de un modelo regional que avanza sobre los mecanismos republicanos clásicos en nombre de una legitimidad de origen que, en realidad, es de baja intensidad.

Afirmó que la comunidad académica y la ciudadanía deben mantenerse vigilantes frente a este tipo de transformaciones, que tienden a desarrollarse con rapidez y, en muchos casos, sin oposición suficiente.

Y es que este domingo México celebró por primera vez en su historia una elección judicial mediante voto popular, en la cual se eligieron jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Este proceso, derivado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado diversas opiniones y debates en el país.

Requisitos para Postularse

• Los aspirantes a cargos judiciales debían cumplir con varios requisitos, entre ellos:
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
• Poseer título de licenciatura en Derecho legalmente expedido.
• Tener un promedio general mínimo de 8 en la licenciatura y de 9 en materias relacionadas con el cargo al que se postula.
• Contar con al menos cinco años de experiencia profesional en el ámbito jurídico.
• No estar inscritos en registros de obligaciones alimentarias o de sanciones por violencia política de género.

Número de candidatos y cargos en disputa

En total, se presentaron más de 7,000 candidatos para competir por aproximadamente 2,600 cargos judiciales, incluyendo:

• 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
• 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 magistraturas de Circuito.
• 386 jueces de Distrito.

Participación ciudadana y abstención

La participación ciudadana fue baja, con una estimación entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral, equivalente a cerca de 13 millones de votantes.

Este nivel de participación es significativamente inferior al registrado en elecciones federales anteriores.

Diversos factores contribuyeron a la abstención, incluyendo la complejidad del proceso, la falta de información sobre los candidatos y llamados al boicot por parte de la oposición.

Campañas de los aspirantes

Ante la prohibición de financiamiento público o privado y de apoyo partidista, los candidatos recurrieron a estrategias alternativas para promover sus campañas, como visitas casa por casa, distribución de panfletos con códigos QR y uso de redes sociales como TikTok y YouTube.

Sin embargo, muchos ciudadanos expresaron confusión sobre las funciones de los cargos en disputa y desconocimiento de los perfiles de los candidatos.

Candidatos polémicos

El proceso electoral estuvo marcado por la presencia de candidatos con antecedentes controvertidos, incluyendo:

Fernando Escamilla, abogado defensor de miembros del cártel de Los Zetas.
Francisco Herrera Franco, exfiscal investigado por el asesinato de periodistas.

Aspirantes vinculados a la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado en Estados Unidos.

Estas candidaturas generaron preocupación sobre la idoneidad de los aspirantes y la integridad del proceso.

Conteo de votos y resultados

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el conteo de votos la noche del 1 de junio, con la expectativa de concluirlo entre el 1 y el 10 de junio. Los resultados oficiales se anunciarán el 15 de junio, y las impugnaciones deberán resolverse antes del 28 de agosto. Los nuevos funcionarios judiciales asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025.

Tarjetones confusos

El proceso electoral utilizó boletas de diferentes colores para distinguir los cargos en disputa:

• Morado para ministros de la SCJN.
• Azul para magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.
• Turquesa para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
• Salmón para magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
• Rosa para magistraturas de Circuito.
• Amarillo para jueces de Distrito.

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