Luego de la suspensión decretada por el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca figuró como la segunda instancia judicial en establecer restricciones al fracking en Colombia.

Según lo manifestó la Corporación Podión, los magistrados ordenaron la realización de una serie de estudios sobre la oferta y demanda del agua en aquellas regiones en donde se practicara la técnica, con el fin de determinar si existe la distancia adecuada entre las viviendas y así garantizar que los químicos utilizados no afectarán la salud de la comunidad.