La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), desmantelaron una especie de ‘consorcio’ criminal conformado por diferentes integrantes de organizaciones narcotraficantes del país, que servía de puente con la mafia italiana, los carteles mexicanos y otras estructuras, y garantizaba la salida de cargamentos de cocaína hacia diferentes destinos internacionales.