La SIC explica nombramientos en la entidad

Cielo Elainne Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, salió al paso de las críticas generadas por el decreto que introduce cambios en los requisitos para el nombramiento de superintendentes en entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades.

Según explicó, la norma no modifica la esencia de las funciones de estas entidades, sino que busca alinear la estructura institucional con lo establecido en la Constitución y con decisiones previas del Consejo de Estado.

El pronunciamiento surge tras la difusión de interpretaciones en medios y sectores políticos que advertían sobre una posible reducción en los requisitos para ocupar estos cargos o un debilitamiento de los estándares institucionales.

De acuerdo con Rusinque, dichas versiones corresponden a especulaciones y a interpretaciones sin suficiente rigor jurídico. En ese sentido, se aclaró que los superintendentes seguirán siendo cargos directivos de alto nivel, que requieren título profesional, estudios de posgrado y varios años de experiencia relacionada.

La administración también recordó que en un fallo de 2020 el Consejo de Estado estableció que el Ejecutivo no puede fijar por vía reglamentaria períodos fijos para los superintendentes ni limitar su remoción únicamente a causales específicas, debido a que estos funcionarios actúan como agentes del presidente de la República.

Lea también: (Juan Daniel Oviedo en el concierto de Miguel Bosé: público coreó “¡Vice, vice!” en el Movistar Arena)

Insistió en que la modificación normativa busca ordenar el marco institucional de acuerdo con la Constitución y garantizar coherencia en la política pública del Ejecutivo. Asimismo Rusinque defendió la gestión adelantada en materia de libre competencia y aseguró que desde la actual administración se han iniciado decenas de investigaciones en distintos sectores económicos, así como sanciones por prácticas contrarias al mercado.

Finalmente rechazó versiones que advierten que las decisiones adoptadas por las superintendencias en los últimos años podrían quedar en riesgo, señalando que la jurisprudencia ha establecido que los actos administrativos emitidos por funcionarios en ejercicio no pierden validez por eventuales cambios en su situación jurídica.