Plan de choque de De la Espriella en salud: resueltos 51% de los casos por medicamentos

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella logró resolver el 51 % de los casos de pacientes que tenían medicamentos pendientes de entrega, mientras que el número de procedimientos médicos reportados como solucionados ascendió a 434.828, según el balance presentado por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, durante el Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar, celebrado en Cartagena.

El informe, con corte al 14 de octubre y divulgado el jueves 22 de octubre, establece que 307.369 pacientes, de un universo de 602.117 personas identificadas con medicamentos pendientes, registran el cierre de sus casos. Esto significa que 294.748 pacientes permanecen sin una solución completa, de acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la cartera de Salud.

En cuanto a las cantidades de medicamentos suministrados, las entidades promotoras de salud (EPS) reportaron la entrega de 12.514.638 unidades, equivalentes al 42,89% del total de unidades incluidas en el seguimiento.

El indicador corresponde a medicamentos efectivamente dispensados, por lo que debe diferenciarse del porcentaje de pacientes cuyos casos aparecen como resueltos.

Los resultados forman parte de la primera fase del plan de choque anunciado por el Ejecutivo en septiembre, con una duración prevista de tres meses y seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2026.

La estrategia busca atender las solicitudes acumuladas de medicamentos, consultas, tratamientos y procedimientos, especialmente de pacientes con enfermedades que representan un riesgo para la vida o requieren atención continua.

Durante su intervención en Cartagena, Vesga reconoció que superar la mitad de los casos relacionados con medicamentos constituye un avance, pero advirtió que todavía existe un número considerable de personas sin respuesta.

“Superar el 50 % es un avance importante, pero significa también que todavía tenemos prácticamente la otra mitad de los pacientes por resolver. Este Plan no se mide por anuncios, sino por medicamentos entregados y servicios efectivamente prestados”, afirmó la ministra.

El balance muestra una evolución frente a las primeras mediciones del programa. El 2 de octubre, el Ministerio de Salud había reportado 177.048 pacientes con avances en la entrega de medicamentos y 7.252.434 unidades dispensadas, equivalentes al 31,2% de las cantidades pendientes identificadas en ese corte.

Posteriormente, en el informe divulgado el 15 de octubre, correspondiente a datos con corte al día 5 del mismo mes, la cifra de pacientes con entregas de medicamentos ascendió a 273.000 y el indicador de unidades dispensadas aumentó al 39,2%.

La medición más reciente sitúa ese último porcentaje en el 42,89%, lo que representa un incremento de 11,69 puntos porcentuales frente al primer balance. Sin embargo, los indicadores deben examinarse teniendo en cuenta que los reportes presentan diferencias en los universos de pacientes y unidades utilizados para el seguimiento.

El Ministerio ha explicado que una unidad de medicamento puede corresponder a una tableta, cápsula, ampolla u otra presentación farmacéutica. Por esta razón, el número de unidades entregadas no equivale al número de pacientes atendidos ni permite establecer, por sí solo, cuántos tratamientos fueron completados.

El Gobierno también informó que Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander concentran más de la mitad de los pacientes con medicamentos pendientes y registran una proporción importante de los casos solucionados.

Estas cinco entidades territoriales forman parte de las prioridades del seguimiento, debido al volumen de usuarios que requieren medicamentos y a la necesidad de verificar que las entregas reportadas por las EPS correspondan a suministros efectivamente recibidos.

La ministra señaló que el plan contempla una atención diferenciada para los pacientes con enfermedades de alto riesgo. Para establecer las prioridades, el Ministerio trabajó con sociedades científicas en la identificación de cerca de 20 grupos de patologías que requieren continuidad terapéutica, presentan riesgos de complicaciones o pueden ocasionar deterioros graves cuando se interrumpen los tratamientos.

Entre las enfermedades priorizadas se encuentran el cáncer, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la diabetes insulinodependiente, las enfermedades huérfanas, las enfermedades neurodegenerativas y las condiciones de los pacientes que han recibido trasplantes de órganos.

También se incluyen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y determinadas condiciones de salud mental, además de las mujeres gestantes que requieren medicamentos para controlar complicaciones como la hipertensión y la diabetes gestacional.

La selección de estas patologías responde a la necesidad de evitar interrupciones que puedan comprometer la efectividad de los tratamientos, incrementar las hospitalizaciones o generar complicaciones médicas.

En el balance anterior, divulgado el 15 de octubre, el Ministerio había informado que la entrega de unidades de medicamento pendientes para enfermedades huérfanas pasó del 33,3% al 85,5%, mientras que en diabetes el avance aumentó del 23,9% al 49,9%. En asma, el indicador pasó del 19% al 58,1%, y en EPOC aumentó del 43,1% al 62,1%.

Para los pacientes con cáncer, la proporción de unidades entregadas alcanzó el 57,2%, frente al 54,91% registrado anteriormente. En personas trasplantadas, el indicador llegó al 61,3%, mientras que para las mujeres gestantes aumentó al 75,2%.

Estos porcentajes corresponden a cantidades de medicamentos suministradas frente a los pendientes inicialmente identificados para cada grupo de enfermedades. No significan que la misma proporción de pacientes haya completado sus tratamientos.

En el componente de procedimientos médicos, el nuevo balance registra 434.828 procedimientos reportados como resueltos, frente a los 168.422 contabilizados en la medición anterior y los 120.586 del primer informe.

Esto representa 266.406 procedimientos adicionales respecto al segundo corte, aunque el porcentaje general de resolución continúa siendo del 13% de los registros pendientes incluidos en el seguimiento.

En consecuencia, el 87% de los procedimientos registrados como pendientes todavía requiere gestión o verificación, según las cifras presentadas por el Ministerio.

Al medir el avance por personas, el indicador se sitúa aproximadamente en el 15,6%, una diferencia que obedece a que un mismo paciente puede tener varios procedimientos médicos pendientes.

La cartera de Salud señaló que continuará verificando los reportes enviados por las EPS para comprobar que los procedimientos contabilizados como solucionados correspondan a servicios efectivamente realizados y no únicamente a autorizaciones, programaciones o cierres administrativos.

Esta verificación comprende la revisión de registros de atención, soportes clínicos y demás información que permita establecer si los pacientes recibieron los servicios requeridos.

El programa fue presentado oficialmente el 22 de septiembre, cuando el Ministerio anunció la identificación de 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, a partir del cruce de información de aseguradores, pacientes y sociedades científicas.

La primera fase fue concebida como una intervención extraordinaria y temporal, con cobertura nacional, destinada a reducir las barreras de acceso acumuladas en el sistema de salud.

Su ejecución incluye el seguimiento individual de los casos, la identificación de las entidades responsables, la programación de las atenciones y la comprobación de los resultados.

El Ministerio también estableció mecanismos de control sobre los recursos destinados a financiar las atenciones pendientes, con participación de la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La estrategia contempla una operación de compra de cartera dirigida a instituciones prestadoras de servicios de salud y proveedores, con el propósito de facilitar recursos para la atención de pacientes y el pago de obligaciones relacionadas con los servicios incluidos en el plan.

De acuerdo con las condiciones anunciadas por el Ministerio, el mecanismo contempla una tasa de interés del 0 % y un año de gracia para las EPS.

La medida busca proporcionar liquidez extraordinaria a clínicas, hospitales y proveedores, de manera que puedan continuar prestando servicios y suministrando medicamentos mientras se atienden las obligaciones financieras acumuladas.

El Ministerio precisó que no se reconocerán nuevamente servicios que ya hayan sido pagados y que los desembolsos estarán sujetos a controles sobre las facturas y las prestaciones correspondientes.

Durante su intervención ante representantes de las cajas de compensación familiar, Vesga explicó que los recursos destinados a la recuperación de los servicios deben estar respaldados por facturas debidamente verificadas y relacionadas con atenciones prestadas.

La ministra señaló que uno de los problemas identificados corresponde a las dificultades administrativas y financieras en las relaciones entre aseguradores, instituciones prestadoras y proveedores. Entre las situaciones mencionadas se encuentran facturas sin auditar, anticipos, glosas y obligaciones pendientes de conciliación.

El Gobierno pretende que los pagos respondan a servicios comprobados, mediante un proceso que permita revisar las cuentas antes de efectuar los desembolsos.

Para vigilar el cumplimiento de estos compromisos se dispuso una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres.

En este mecanismo participarán como invitados permanentes representantes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de pacientes.

La mesa tendrá entre sus responsabilidades verificar la disminución de los medicamentos y procedimientos pendientes, revisar las entregas realizadas y hacer seguimiento a los recursos comprometidos.

La Superintendencia Nacional de Salud también deberá mantener vigilancia especial sobre las obligaciones de las EPS y coordinar con las autoridades territoriales espacios de seguimiento para los casos que requieran intervención.

Las cifras de reclamaciones recibidas durante los primeros siete meses del año permiten establecer la dimensión de las dificultades que enfrenta el sistema.

Según el balance del Ministerio, entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

De ese total, el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso a los servicios.
El informe también establece que el 84,5 % de los reclamos relacionados con tecnologías en salud correspondió a medicamentos financiados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo con el cual se reconocen recursos a las EPS por cada afiliado.

Estas cifras forman parte del diagnóstico utilizado para identificar las dificultades en el suministro de medicamentos y la prestación de servicios, así como para establecer las prioridades del plan de choque.

Otro de los asuntos abordados por Vesga corresponde al funcionamiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La ministra informó que la entidad acumula más de 16.000 trámites atrasados y relacionó parte de esta situación con las dificultades de sus sistemas de información.

La acumulación de solicitudes constituye otro de los asuntos que el Gobierno deberá atender dentro de las medidas destinadas a recuperar el funcionamiento del sector.

En relación con la situación financiera de las EPS, la ministra explicó que el Ejecutivo también contempla revisar el cálculo de la UPC, con el propósito de establecer una financiación que responda a las necesidades de atención.

Vesga manifestó que la intervención de las EPS debe considerarse como una medida de última instancia y señaló que el Gobierno busca utilizar las herramientas jurídicas y regulatorias disponibles para evitar liquidaciones que puedan afectar la continuidad de los servicios.

Estas acciones forman parte de las medidas que el Ministerio considera necesarias para atender las dificultades estructurales del sistema, más allá de la resolución inmediata de medicamentos y procedimientos acumulados.

El presidente Abelardo de la Espriella había presentado el primer balance del plan durante un Consejo de Ministros celebrado a comienzos de octubre. En esa oportunidad, informó que se habían entregado más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes y que se habían resuelto 120.586 procedimientos.

El mandatario sostuvo entonces que los recursos destinados a la recuperación del sistema debían traducirse en servicios efectivamente prestados y estar sometidos al seguimiento permanente de las autoridades sanitarias.

El nuevo informe, conocido el 22 de octubre, muestra un aumento en las entregas y en los procedimientos reportados como solucionados, pero también evidencia que persisten pendientes importantes.

En medicamentos, el indicador de casos cerrados llegó al 51 %, mientras que la proporción de unidades entregadas alcanzó el 42,89 %. En procedimientos médicos, el avance general se mantiene en el 13 %, pese al incremento en el número de servicios reportados como realizados.

El Ministerio continuará realizando verificaciones periódicas hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha prevista para completar el seguimiento de esta primera fase.

El objetivo es comprobar que las EPS cumplan sus obligaciones, que los recursos se destinen a los servicios correspondientes y que los pacientes reciban los medicamentos y procedimientos necesarios para continuar sus tratamientos.

La ministra Vesga reiteró que la evaluación del programa no debe limitarse al crecimiento de los indicadores, sino a la atención efectiva de quienes permanecen a la espera.

“La meta no es mejorar un porcentaje. La meta es que el paciente que estaba esperando reciba su medicamento, tenga su procedimiento y pueda continuar su tratamiento. Mientras existan pendientes, el Plan de Choque continúa”, manifestó.

El balance más reciente deja como resultado 307.369 pacientes con casos de medicamentos cerrados, 12.514.638 unidades dispensadas y 434.828 procedimientos médicos reportados como resueltos.

Sin embargo, permanecen pendientes 294.748 pacientes del universo de 602.117 identificado en la última medición de medicamentos, además de una proporción considerable de los procedimientos incluidos en el seguimiento.

La continuidad del programa dependerá del cumplimiento de las obligaciones de las EPS, la verificación de las atenciones, el funcionamiento de los mecanismos de financiación y las medidas adicionales que adopte el Ministerio para enfrentar las dificultades del sistema de salud.

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