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Juez dejó sin efecto intervención de Coosalud y ordenó devolverla a sus asociados
El fallo ordenó entregar la información contable, financiera y administrativa de la entidad en un plazo de cinco días hábiles a sus asociados.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efecto las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de la Economía Solidaria había prorrogado por un año la toma de posesión para administrar Coosalud EPS.
La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por asociados que argumentaron que la intervención había afectado sus derechos fundamentales a la libre asociación, participación y democracia, acceso a la información, petición, debido proceso administrativo, buena fe, confianza legítima y propiedad sobre sus aportes sociales.
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De acuerdo con el documento, estos llevaban aproximadamente 19 meses sin poder retirar sus ahorros, mientras permanecía suspendido el pago de determinadas acreencias de la cooperativa.
También cuestionaron los cambios de agente especial registrados durante el proceso y señalaron que estos habrían afectado la continuidad de la administración y de las medidas encaminadas a la recuperación de la entidad.
Tras analizar estos argumentos, el juzgado concluyó que la Superintendencia no había justificado de manera suficiente la necesidad actual de mantener la medida excepcional.
El despacho consideró que la existencia de actuaciones pendientes no era suficiente, por sí sola, para demostrar que una medida excepcional como la toma de posesión debía continuar.
“Era preciso diferenciar entre los incumplimientos o dificultades preexistentes que justificaron la toma de posesión y aquellos resultados que se produjeron o permanecieron durante la administración especial, así como establecer las razones por las cuales la continuidad de esta última seguía siendo el instrumento adecuado para alcanzar la recuperación de la cooperativa”, se lee en la decisión.
Asimismo, advierte que utilizar las mismas dificultades que dieron origen a la intervención para justificar posteriormente su continuidad podría convertir una medida concebida como temporal en una situación de duración indefinida.
En ese sentido, el juez señaló que la toma de posesión tiene un carácter “temporal, excepcional e instrumental” y que su permanencia debe estar directamente relacionada con la finalidad de recuperar la EPS.
“La irregularidad constitucionalmente relevante no consiste en que la Superintendencia hubiera prorrogado la intervención pese a la existencia de actuaciones pendientes, sino en que aplicó las normas que autorizan la prórroga sin justificar suficientemente la relación actual entre la continuidad de la medida, las circunstancias que subsistían y la finalidad de recuperación que constitucionalmente limita su ejercicio”, indicó la decisión.
Por ello, dejó sin efecto la medida y ordenó iniciar el proceso de devolución de la administración a los órganos correspondientes de la entidad.
De igual manera, el juez ordenó que el agente interventor de Coosalud, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, entregue en un plazo máximo de cinco días hábiles el material contable, financiero y administrativo de la cooperativa a los integrantes de la Asamblea General de Delegados, como máximo órgano de administración.
Serán ellos quienes “asumirán la dirección transitoria de la entidad, y en los términos de los estatutos de la Cooperativa deberá convocar a sesión extraordinaria de delegados para designar los órganos de administración correspondientes”.
De esta manera, Coosalud, Entidad Promotora de Salud (EPS), de origen cartagenero que actualmente cuenta con más de 3,3 millones de afiliados en el país, deberá volver a quedar bajo la dirección de sus asociados.
¿Por qué fue intervenida Coosalud?
En noviembre de 2024, la Superintendencia de Salud, entonces liderada por Giovanny Rubiano, tomó posesión de Coosalud, que atendía en 23 departamentos y el distrito capital al 6,30% del total de los pacientes.
En ese momento, el funcionario explicó que la decisión fue adoptada “para administrar, más no para liquidar” y se comprometió a “mejorar la prestación de los servicios, y a buscar que los afiliados puedan escoger una red de servicios integral”.
Sin embargo, al cierre del Gobierno Petro, siete EPS, incluida Coosalud, seguían estando intervenidas y la deuda del sistema de salud era de 41,5 billones de pesos.
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