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Historia de los falsos médicos que practicaron procedimientos estéticos a más de 200 personas en Bogotá
Autoridades insisten en usar los servicios de profesionales calificados.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, señalados de realizar procedimientos estéticos invasivos en Bogotá sin contar con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos.
De acuerdo con el ente investigador, más de 200 personas habrían acudido a los establecimientos en los que ofrecían estos servicios.
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La investigación indica que los procesados habrían acondicionado diferentes inmuebles para hacerlos pasar por establecimientos habilitados para la prestación de servicios de salud. En estos lugares contaban con auxiliares, camillas y otros elementos que daban a los pacientes la apariencia de encontrarse en centros autorizados para realizar intervenciones médicas.
Según la Fiscalía, Henao y Lengua Jaramillo presuntamente utilizaban diplomas falsos con el propósito de generar confianza entre las personas interesadas en los procedimientos.
Una investigación periodística divulgada meses antes había establecido que las universidades asociadas a algunos de esos supuestos títulos negaban que los señalados hubieran cursado las carreras que decían acreditar.
La Universidad El Bosque informó que Lengua Jaramillo no registraba un título académico ni figuraba como egresada de esa institución. La Pontificia Universidad Javeriana, por su parte, señaló que Esteban Felipe Henao no aparecía en su registro académico, no había estado inscrito como estudiante y tampoco había obtenido allí un título como médico cirujano. Asimismo, ninguno figuraba como profesional habilitado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS.
De acuerdo con el boletín de la Fiscalía conocido este 5 de septiembre, entre los servicios que presuntamente ofrecían se encontraban liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.
El material probatorio recopilado por los investigadores señala que algunas de estas intervenciones se habrían realizado sin condiciones adecuadas de asepsia, sin historias clínicas y sin valoración de anestesiólogos certificados.
Uno de los aspectos que hace parte de la investigación corresponde a los relatos entregados por algunas de las personas intervenidas. La Fiscalía documentó casos de pacientes que presuntamente recuperaron la conciencia durante las cirugías y manifestaron sentir dolor mientras continuaba el procedimiento.
Según el ente acusador, ante los gritos de algunas víctimas, los responsables habrían recurrido a acciones para impedir que continuaran pidiendo ayuda.
Testimonios incorporados a la investigación describen que algunas pacientes habrían sido sujetadas e incluso se les habría cubierto la boca.
Otros relatos conocidos en el proceso mencionan posteriores infecciones, fibrosis, alteraciones físicas y afectaciones psicológicas.
Los servicios eran promocionados principalmente mediante redes sociales, donde se ofrecían procedimientos y paquetes estéticos para captar pacientes.
La Fiscalía estableció que, entre las personas identificadas hasta el momento, 59 realizaron pagos que, según el boletín oficial, superaron los $568 millones.
Una información periodística conocida previamente había señalado que los procedimientos podían costar inicialmente entre $9 millones y $15 millones y que también se promocionaban paquetes relacionados con fechas comerciales, además de servicios complementarios como masajes posoperatorios y fajas.
La investigación también permitió establecer que algunos procedimientos se habrían realizado durante la madrugada. En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que algunas pacientes eran citadas entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana para ser sometidas a las intervenciones.
Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble ubicado en Usaquén, norte de Bogotá. Durante el procedimiento fueron incautados los diplomas que presuntamente utilizaban para acreditar una formación profesional que, de acuerdo con la investigación, no tenían. Las autoridades también encontraron dinero en efectivo y elementos empleados en los procedimientos.
Una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, las tres conductas agravadas, además de fraude procesal. Los procesados aceptaron los cargos, según informó la Fiscalía.
El caso se conoce en momentos en que las autoridades de Bogotá han intensificado los controles a los establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos. Entre el 1.º de mayo y el 16 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Salud realizó 152 visitas de inspección, vigilancia y control, adelantó 178 operativos e impuso 93 medidas sanitarias de seguridad por situaciones que podían representar riesgos para los usuarios.
La Secretaría de Salud ha insistido en que los ciudadanos deben comprobar que los establecimientos se encuentren habilitados y que los profesionales cuenten con la formación exigida antes de someterse a procedimientos invasivos. Cuando se trate de servicios de salud, también recomienda verificar que la institución esté inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, REPS.
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