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Evidencian cartel del cáncer en Nueva EPS: pacientes trasladados lejos y a una misma clínica
Enfermos viajan hasta 900 km mientras se direccionan servicios a una IPS en Ibagué.
La senadora Katherine Miranda expuso una serie de registros internos de la Nueva EPS que, según su interpretación, evidencian un patrón de concentración acelerada de exámenes PET-CT —estudios esenciales para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer— en una sola institución prestadora de salud en Ibagué, Tolima.
Los documentos revelan que entre 2023 y enero de 2026 se ordenaron 3.374 PET-CT hacia la misma IPS, por un valor acumulado de 17.632 millones de pesos.
La información divulgada muestra que en 2023 se autorizaron 204 estudios; en 2024, 820; en 2025 hubo un salto considerable hasta 2.120, y en enero de 2026 se registraron 230 más, para un total consolidado de 3.374 órdenes radicadas.
El comportamiento anual evidencia un aumento sostenido y particularmente abrupto en 2025, año en el que la demanda casi se triplicó respecto al periodo anterior.
Las tablas analizadas muestran que, además de los exámenes, la facturación asociada también siguió una curva de incremento marcada.
En 2023, los pagos ascendieron a cerca de 960 millones de pesos; en 2024 fueron 4.370 millones; en 2025 superaron los 11.099 millones, y en el primer mes de 2026 ya se facturaban 1.182 millones de pesos adicionales.
El acumulado general asciende a 17.632.729.572 pesos, dirigidos a una sola clínica.
Miranda afirmó que el crecimiento no corresponde a una expansión gradual en la demanda nacional, sino a “una concentración acelerada en una sola IPS” pese a que el país cuenta con oferta disponible.
Según los listados oficiales publicados, Bogotá tiene 8 IPS habilitadas para este servicio, Antioquia 7, Atlántico 5, y Valle del Cauca 3, entre otros departamentos.
En contraste, las remisiones de la Nueva EPS se dirigieron principalmente a la clínica de Ibagué incluso cuando existían opciones más cercanas para los usuarios.
El análisis de los datos de procedencia evidencia remisiones desde lugares geográficamente distantes. En Norte de Santander, 118 pacientes fueron enviados desde Cúcuta, lo que implica desplazamientos terrestres de hasta 16 horas.
Otras remisiones provinieron de Los Patios, Pamplona, Villa del Rosario, Tibú, Sardinata y Chinácota. En Arauca, se registraron desplazamientos de casi 900 kilómetros hasta Ibagué, pese a que la ruta habitual atraviesa Bogotá, donde existen ocho centros habilitados.
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En Risaralda, 211 pacientes fueron derivados hacia el Tolima, aunque Pereira tiene oferta instalada a menor distancia.
Los datos financieros incluidos en los reportes internos advierten otro elemento: de las 3.374 remisiones, solo 617 incluyeron viáticos o apoyos de traslado. Más de 1.400 pacientes habrían asumido gastos de desplazamiento con recursos propios.
En contraste, la aseguradora sí garantizó pagos completos a la IPS receptora por el total de los procedimientos.
Miranda sostiene que el comportamiento descrito no puede atribuirse a razones logísticas ni de optimización del servicio.
Señala que en el Tolima es “conocida la relación cercana entre la familia Jaramillo y el dueño de Clinaltec”, la clínica señalada en las tablas, y que este aspecto exige una explicación pública por parte de la EPS y los organismos de control.
La senadora planteó dos preguntas centrales: por qué pacientes de alta complejidad fueron enviados de forma reiterada a una sola institución, y por qué se concentraron allí más de 17.600 millones de pesos cuando existen múltiples IPS habilitadas en otras ciudades del país.
Con base en los patrones detectados, advirtió que el caso amerita verificar si se configuró un esquema de direccionamiento irregular similar al denominado “cartel de la hemofilia”.
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