Crisis en suministro de insulina en Colombia: alternativas para los pacientes ante la escasez del producto

La crisis por el desabastecimiento de insulina humana cristalina en Colombia se ha convertido en un problema sostenido que afecta de manera directa a hospitales, centros de urgencias y pacientes con diabetes en todo el país.

Desde octubre de 2024, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) incluyó este medicamento en el listado de “vitales no disponibles”, y aunque el Ministerio de Salud ha señalado que la mayoría de las demás insulinas y análogos de GLP‑1 mantienen un suministro estable, la situación con esta formulación no ha sido resuelta.

El comunicado más reciente del Ministerio, publicado el 11 de julio de este año, confirmó que solo Pisa Farmacéutica comercializa actualmente la insulina cristalina en Colombia, bajo las marcas Insulex R y N, mientras que compañías como Novo Nordisk, Biocon y Elixym mantienen suspendida su distribución pese a tener registros sanitarios vigentes.

Durante una mesa técnica realizada el 3 de julio, Pisa informó que adelanta ante el Invima los trámites para importar el medicamento mediante el mecanismo de “vital no disponible”, con el propósito de cubrir la demanda mientras se restablece la producción y distribución regular.

Las asociaciones médicas han advertido que la escasez se ha traducido en problemas graves para la atención de pacientes.

La doctora Eleonora Vizcaíno, presidenta de la Federación Diabetológica Colombiana, ha indicado que en numerosos hospitales las reservas se reducen a unas pocas ampollas y que en otros centros ya no hay existencias, lo que obliga a modificar los protocolos de manejo y sustituir la insulina cristalina con análogos como Aspart o Glulisina, que requieren ajustes clínicos y no sustituyen de manera inmediata su función en el control de emergencias metabólicas.

Los testimonios de pacientes reflejan un panorama crítico. Usuarios de Nueva EPS en ciudades como Manizales han denunciado que llevan hasta ocho meses sin recibir insulina, lo que los ha forzado a comprarla por cuenta propia o a interrumpir tratamientos.

Algunos describen la situación como desesperante, mientras hacen largas filas en farmacias o buscan donaciones para acceder al medicamento. Esta realidad se da en un contexto en el que Colombia consume alrededor de dos millones de unidades de insulina al año para atender a más de un millón y medio de personas diagnosticadas con diabetes, lo que equivale a cerca del 8 % de la población.

En la última década, el sistema de salud ha invertido más de 2,7 billones de pesos para garantizar el suministro, pero tres compañías —Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly— concentran cerca del 90 % de las ventas, lo que incrementa la vulnerabilidad del mercado.

El desabastecimiento responde a una combinación de factores. La concentración del mercado en pocas empresas hace que cualquier interrupción en la producción, retraso logístico o falla en las importaciones tenga efectos inmediatos.

A esto se suman las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud con los gestores farmacéuticos, que han frenado despachos y nuevas compras, y los trámites represados en el Invima, que mantiene más de 14.000 solicitudes pendientes de registro, lo que ha retrasado el ingreso de opciones como los biosimilares.

Además, fallas recientes en plantas de fabricación de insulina regular y retrasos en embarques de multinacionales como Novo Nordisk y Eli Lilly han complicado aún más el panorama.

El Gobierno ha intensificado sus acciones para enfrentar la crisis. El Ministerio de Salud, el Invima, la Superintendencia de Salud, laboratorios, EPS, gestores farmacéuticos y asociaciones de pacientes participan en mesas técnicas para monitorear las existencias, coordinar importaciones de emergencia y evaluar incentivos que permitan la producción local de insulina biosimilar, con la condición de agilizar los procesos regulatorios para que estas alternativas puedan ingresar rápidamente al sistema.

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Aunque el Invima ha aprobado algunos biosimilares, solo uno corresponde a una insulina, por lo que fortalecer la trazabilidad, la transparencia en la nomenclatura y la confianza de médicos y pacientes en estos productos es considerado un paso clave.

Las experiencias internacionales ofrecen un camino para reducir la dependencia de un mercado altamente concentrado. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado biosimilares como Merilog, una insulina aspart que ha demostrado competitividad de precios y eficacia clínica, lo que ha contribuido a estabilizar el suministro en momentos de tensión.

En Colombia, la adopción de modelos regulatorios similares podría acelerar la diversificación del mercado y mitigar riesgos futuros.

La crisis de la insulina humana cristalina deja al descubierto la fragilidad del sistema para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, a pesar de contar con recursos financieros significativos para su compra.

Más de un millón y medio de personas dependen de este tratamiento para controlar su enfermedad y prevenir complicaciones graves, por lo que cada día sin suministro representa un riesgo directo para su salud.

Las autoridades coinciden en que la solución pasa por combinar importaciones de urgencia, pagos oportunos a proveedores, promoción de la competencia con biosimilares y una regulación más eficiente.

Sin embargo, mientras estas medidas se consolidan, los pacientes y los hospitales continúan lidiando con la incertidumbre y la urgencia de un tratamiento que, por ahora, sigue siendo escaso.

Lo más reciente sucedió este viernes cuando la Procuraduría General de la Nación lideró una mesa técnica interinstitucional con las autoridades del Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la Superintendencia Nacional de Salud, representantes de la industria farmacéutica y voceros de los usuarios, para abordar de manera articulada la difícil situación que enfrentan los pacientes con diabetes en el país debido a la escasez de insulinas. 

De esta manera, se identificaron las principales causas que explican las barreras de acceso a insulinas, con especial preocupación en las análogas las cuales concentran las mayores dificultades para los usuarios, tanto en términos de obtención y de continuidad del tratamiento. 

También, se detectó durante el encuentro un problema de cartera vencida y flujo de recursos, lo que incide directamente en su disponibilidad y suministro.

En cuanto a la problemática de insulinas humanas, se identificó su limitada comercialización y baja disponibilidad en el mercado nacional, afectando la oferta para cubrir la demanda del canal institucional. 

En respuesta a este diagnóstico, se definieron tres líneas de acción: Viabilizar el ingreso al país de insulinas humanas a través de un nuevo proveedor, en respuesta a la baja disponibilidad de estos medicamentos en el mercado nacional.

Esta medida requiere la gestión y aprobación del trámite de importación por parte del Invima. Adicionalmente, monitorear el comportamiento de los registros sanitarios vigentes de insulinas, con el propósito de anticipar posibles riesgos de desabastecimiento y activar medidas oportunas.

Identificar y caracterizar la cartera vencida existente entre las EPS, los gestores farmacéuticos y los laboratorios titulares y la activación de mecanismos para propiciar la suscripción de acuerdos de pago que permitan priorizar el suministro oportuno de estos medicamentos.

Realizar una mesa de trabajo con asociaciones de usuarios, orientados a resolver las problemáticas identificadas, con especial atención a los casos de pacientes insulinodependientes.

La Procuraduría informó que reafirmó su rol de vigilancia superior a la gestión pública y su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud, anunciando que hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los actores involucrados.

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