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Contraloría revela crisis financiera de las EPS: deudas llegan a $58 billones

El organismo de control advierte que solo cuatro de las 28 EPS cumplen todos los requisitos financieros exigidos por la ley.

HISTORIA CLÍNICA 1
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 31/08/2026 - 08:04 Créditos: saludconlupa.com

Las EPS cerraron 2025, último año del gobierno de Gustavo Petro, con deudas por $58 billones con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas, una cifra que aumentó 26,5% en un solo año, equivalente a más de $12 billones.

Así lo establece un informe de la Contraloría General de la República, revalado por El Teimpo, que advierte además sobre el deterioro de los principales indicadores financieros del sistema de salud. De las 28 EPS que actualmente operan en Colombia, solo cuatro cumplen con todos los requisitos financieros establecidos por la ley.

Según el organismo de control, los resultados negativos registrados en 2025 se explican principalmente porque el costo de atender a los afiliados superó los ingresos recibidos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

A esta situación se suma la decisión de la Corte Constitucional, que determinó que el valor de la UPC establecido por el Ministerio de Salud era insuficiente y ordenó realizar un reajuste técnico. Ante el incumplimiento reiterado de esa orden, la Corte abrió en diciembre de 2025 un incidente de desacato contra el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Solo cuatro EPS cumplen todos los requisitos

El informe señala que las únicas cuatro EPS que durante 2025 cumplieron con la totalidad de los requisitos financieros fueron Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía.

En conjunto, estas entidades representan menos del 2% de los afiliados del sistema de salud colombiano.

Esto significa que la gran mayoría de los colombianos está afiliada a entidades que incumplen uno o varios de los indicadores relacionados con capital, patrimonio o reservas.

Mientras las condiciones financieras se deterioran, las EPS continúan teniendo que responder por millones de pacientes y por las facturas acumuladas con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas.

De las 26 EPS que entregaron información para el análisis de la Contraloría, 17 terminaron 2025 con pérdidas. En promedio, estas entidades gastaron en la atención de sus afiliados el equivalente al 110% de los recursos que reciben para cubrir esos servicios.

El informe también pone la lupa sobre las EPS que fueron sometidas a intervención administrativa por parte del Gobierno, entre ellas Nueva EPS, Sanitas y Coosalud.

Según la Contraloría, las intervenciones no se han traducido en una mejoría de sus indicadores financieros. Por el contrario, durante el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron $117,8 por cada $100 que recibieron, mientras que las entidades que no estaban intervenidas gastaron $100,8 por cada $100 recibidos.

La situación financiera tiene además consecuencias directas sobre los usuarios del sistema. El informe advierte sobre un incremento de las barreras de acceso para los pacientes, quienes enfrentan retrasos o dificultades para recibir los medicamentos prescritos.

De acuerdo con la Contraloría, estas dificultades pueden afectar la continuidad de los tratamientos, los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes, además del funcionamiento general del sistema de salud.

La advertencia quedó consignada en el informe entregado por Carlos Hernán Rodríguez antes de su salida de la Contraloría General de la República, organismo que actualmente está en cabeza de Jorge Eliécer Laverde.

Nueva EPS, uno de los principales focos de preocupación

Dentro del panorama financiero aparece con especial preocupación el caso de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con cerca de 11,6 millones de afiliados.

La entidad permanece intervenida por el Estado desde abril de 2024 y su situación financiera se ha convertido en uno de los principales focos de atención de los organismos de control.

De acuerdo con la Contraloría, desde marzo de 2024 Nueva EPS dejó de entregar información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, la entidad no alcanzó a certificar sus estados financieros correspondientes a 2025 dentro del ejercicio revisado por el organismo de control.

El panorama descrito por la Contraloría evidencia el deterioro financiero que atraviesa buena parte del sistema de salud, en medio de las dificultades para garantizar el equilibrio entre los recursos destinados a la atención de los afiliados y los costos que deben asumir las EPS para prestar los servicios.

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