Acemi advierte colapso si Nueva EPS recibe tres millones de afiliados adicionales

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) cuestionó de manera pública el alcance del nuevo decreto expedido por el Ministerio de Salud, que redefine la operación de las Entidades Promotoras de Salud con base en la distribución poblacional de cada territorio.

La presidenta del gremio, Ana María Vesga, sostuvo que la decisión podría aumentar los riesgos del sistema y anunció que se evalúan acciones jurídicas contra la norma.

Vesga afirmó que el Gobierno pretende que la Nueva EPS incorpore tres millones de usuarios adicionales, pese a que, según sus palabras, la entidad ya presenta dificultades para garantizar la atención de los once millones de afiliados actuales.

Según la dirigente gremial, existen reportes de usuarios que dan cuenta de demoras, fallas en la asignación de citas y obstáculos para acceder a servicios esenciales, entre ellos los casos de Kevin y Cecilia, a los que hizo referencia para ilustrar la situación.

Vesga señaló que la entidad se encuentra operando al límite de su capacidad y que no se conoce con precisión su estado financiero.

Explicó que un incremento superior al treinta por ciento del total de afiliados podría profundizar los problemas ya identificados, lo cual —sostuvo— pondría en riesgo la estabilidad del aseguramiento en varias regiones del país. Indicó que, desde la perspectiva del gremio, la decisión no fue sustentada con estudios técnicos que permitan determinar la viabilidad del traslado masivo de población.

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En su pronunciamiento también cuestionó la vía jurídica escogida por el Ejecutivo para introducir cambios estructurales al sistema.

Recordó que el año pasado el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 858, que modificaba aspectos centrales del modelo de salud.

La alta corte concluyó entonces que se trataba de materias que debían ser tramitadas mediante ley estatutaria y no por decreto.

Vesga afirmó que, ante lo que considera una reiteración normativa, Acemi se prepara para solicitar nuevamente la nulidad ante el Consejo de Estado.

Agregó que la estrategia del Gobierno frente al futuro de las EPS no ha sido explicada de manera integral. Mencionó que las entidades intervenidas han perdido patrimonio, mientras que las quejas ciudadanas han aumentado, lo cual —a su juicio— contradice el propósito oficial de fortalecer la operación estatal.

Indicó que convertir a la Nueva EPS en un operador dominante del sistema exige claridad sobre su capacidad real, su financiación y las responsabilidades que asumiría en los territorios donde ya se reportan fallas en la prestación de servicios.

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