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Gobernadora del Tolima denuncia carnetización de campesinos por disidencias Farc como nueva forma de control social
Un mecanismo ilegal de identificación y registro de población civil.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que las disidencias de las Farc han transformado su estrategia de control territorial en el departamento, abandonando los enfrentamientos directos con la Fuerza Pública para adoptar formas de coerción social más silenciosas pero igualmente intimidantes. La práctica más preocupante, según la mandataria, es la carnetización de campesinos en municipios del sur, suroriente y oriente del departamento.
"Lo venimos denunciando desde 2024, ya no hay enfrentamientos directos con la Fuerza Pública. Lo que existe hoy es una coerción social sobre las comunidades", afirmó Matiz.
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La carnetización consiste en que células pequeñas de estos grupos armados identifican, registran y controlan a la población civil mediante citaciones, presiones y registros ilegales. "La carnetización no es otra cosa que un mecanismo de intimidación. Están identificando, controlando y generando miedo en la gente", enfatizó la gobernadora.
Para Matiz, esta transformación representa una mutación del conflicto armado hacia modalidades más difíciles de detectar y combatir, precisamente porque no se manifiestan como confrontación armada abierta. Atrás quedaron las grandes estructuras visibles; en su lugar operan células pequeñas con presencia silenciosa pero efectiva sobre el territorio.
"Ya no se ven grupos grandes. Son estructuras pequeñas que hacen presencia silenciosa, pero efectiva. Por eso es clave reforzar el control del territorio", señaló.
La preocupación se acentúa por el momento en que ocurren estos hechos: la antesala de procesos electorales. Matiz anunció que las denuncias recibidas serán llevadas a la próxima sesión de seguimiento electoral, donde se abordarán junto con otras alertas provenientes de distintas zonas del departamento.
Frente a este panorama, la mandataria hizo un llamado a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, especialmente en corredores viales y zonas rurales del Tolima, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
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