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Federico Gutiérrez rechaza diálogos con cabecillas en Itagüí y critica política de paz del Gobierno
El alcalde de Medellín calificó la decisión de reactivar la mesa como “cinismo puro” y cuestionó al Ejecutivo.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de reactivar los diálogos con cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, en el marco de la denominada política de paz urbana.
La continuidad del proceso fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que aseguró que la mesa de negociación “no se suspende”, pese a lo que calificó como intentos de sabotaje y barreras institucionales.
El pronunciamiento se conoció semanas después de la controversia generada por una celebración al interior de la cárcel La Paz de Itagüí, donde participaron varios voceros de las organizaciones criminales que hacen parte de estos acercamientos con el Gobierno.
Tras la confirmación, Gutiérrez cuestionó duramente que el Ejecutivo continúe dialogando con estructuras señaladas de coordinar delitos en el Valle de Aburrá. “Desde allá amenazan, extorsionan y siguen delinquiendo. Hablar de paz en esas condiciones es cinismo puro y duro”, afirmó el mandatario local.
El alcalde también lanzó críticas directas al presidente Gustavo Petro, al señalar que, en su opinión, el Gobierno ha sido permisivo con estos grupos ilegales en el marco de la política de “paz total”.
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Según Gutiérrez, las organizaciones criminales continúan siendo responsables de homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en la región, por lo que rechazó que se les otorguen espacios de interlocución sin que cesen sus actividades ilícitas.
Además, cuestionó que desde el Gobierno Nacional se atribuya a estos diálogos una reducción en los índices de violencia en Medellín, un logro que el presidente Petro ha destacado en diferentes escenarios.
El mandatario local insistió en que la administración distrital seguirá enfrentando a estas estructuras mediante operativos policiales y acciones judiciales, en coordinación con las autoridades competentes.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la continuidad de los acercamientos, argumentando que buscan desescalar la violencia urbana y abrir caminos hacia la desarticulación de organizaciones criminales.
El debate sobre la efectividad de la política de paz total se mantiene abierto, con posiciones encontradas entre autoridades locales y nacionales sobre la mejor estrategia para enfrentar la criminalidad en las principales ciudades del país.
En medio de esta controversia, la situación de seguridad en el Valle de Aburrá sigue siendo uno de los principales temas de discusión pública, especialmente en un contexto donde las decisiones del Gobierno generan reacciones divididas.
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