ELN secuestra a 40 civiles en López de Micay: ocho continúan desaparecidos en el Cauca

Una incursión atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, dejó como saldo el secuestro de 40 habitantes de la comunidad de San Antonio, de los cuales 32 fueron liberados horas después, mientras que otros ocho continúan secuestrados, según denunciaron la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA).

Las organizaciones emitieron una alerta urgente en la que solicitaron la intervención inmediata del Estado para proteger a la población y lograr el regreso de las personas que aún permanecen en poder del grupo armado.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron hacia las 5:30 de la tarde del viernes 3 de julio en la comunidad de San Antonio, perteneciente al Consejo Comunitario San José, ubicado en la parte alta del río Micay.

Aproximadamente 35 hombres armados ingresaron al territorio colectivo y, según las organizaciones, se identificaron como integrantes del ELN. Una vez llegaron al centro poblado, asumieron el control de la comunidad y reunieron de manera obligatoria a los habitantes.

Las organizaciones señalaron que uno de los primeros pasos del grupo armado fue decomisar los teléfonos celulares de los comuneros para impedir cualquier comunicación con las autoridades, organismos humanitarios o medios de comunicación.

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La medida dejó incomunicada a la población mientras se desarrollaba la incursión, dificultando que los habitantes pudieran pedir ayuda o informar sobre lo que ocurría en el territorio.

Posteriormente, según la denuncia, los integrantes del grupo armado ingresaron a tiendas y pequeños establecimientos comerciales, de donde sustrajeron alimentos, víveres y otros elementos de abastecimiento.

Los productos fueron reunidos para ser transportados hacia zonas selváticas, en un recorrido que, de acuerdo con las organizaciones comunitarias, fue realizado utilizando a los propios habitantes de la población.

Para movilizar la carga, el grupo ilegal secuestró a 40 civiles de la comunidad y los obligó a cargar los alimentos y demás bienes saqueados durante el desplazamiento por la selva.

Las organizaciones de derechos humanos calificaron este hecho como una grave infracción al derecho internacional humanitario al involucrar a población civil en las operaciones de un grupo armado y privarla de su libertad contra su voluntad.

La incertidumbre se extendió durante toda la noche entre las familias de los comuneros secuestrados. De acuerdo con la información recopilada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano y MESPA, hacia las 3:00 de la madrugada del sábado fueron liberadas 32 de las personas que habían sido secuestradas durante la incursión.

Sin embargo, las organizaciones advirtieron que ocho civiles continúan secuestrados y que hasta el momento se desconoce su paradero, así como su estado de salud.

La ausencia de información sobre estas personas mantiene la preocupación entre los habitantes del Consejo Comunitario San José y otras comunidades asentadas en la cuenca del río Micay.

Los representantes comunitarios expresaron que el secuestro de estos ocho habitantes incrementa el riesgo para la población del territorio, debido a la persistencia de grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona del Pacífico caucano.

Además, insistieron en que la situación requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades civiles, militares y de los organismos encargados de la protección de los derechos humanos.

En su pronunciamiento, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico hicieron un llamado al Gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a las organizaciones nacionales e internacionales para que adopten medidas urgentes que permitan garantizar la vida, la integridad y la libertad de las personas secuestradas.

Las organizaciones señalaron que la incursión siguió un patrón de actuación orientado a ejercer control sobre la comunidad mediante el ingreso de un grupo numeroso de hombres armados, la incomunicación de los habitantes a través del decomiso de sus teléfonos celulares, el saqueo de alimentos y suministros y el secuestro de decenas de comuneros para obligarlos a transportar los bienes sustraídos hasta zonas de difícil acceso.

El hecho vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades afrodescendientes asentadas en la cuenca del río Micay, un territorio donde persisten disputas entre grupos armados ilegales y donde las organizaciones sociales han denunciado de manera reiterada afectaciones contra la población civil, restricciones a la movilidad, desplazamientos, confinamientos y violaciones a los derechos humanos.

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