El Gobierno adjudica la obra vial más grande de su mandato: $8,8 billones para transformar el Cauca

El Gobierno nacional dio luz verde a la que ya es la obra de infraestructura vial más grande adjudicada en la actual administración. Con una inversión estimada de $8,8 billones, el proyecto El Estanquillo – Popayán promete transformar de raíz la conectividad del Cauca y del suroccidente colombiano.

La adjudicación se formalizó en audiencia pública liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la presencia del presidente Gustavo Petro y la ministra de Transporte, Mafe Rojas. 

El contrato fue entregado a la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, conformada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos S.A.S. (90%) y MIA Grupo Empresarial S.A.S. (10%), luego de un proceso de selección que, según la ANI, garantizó transparencia técnica, jurídica y financiera.

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En cuanto al alcance físico, la obra es monumental: 101 kilómetros de intervención en el corredor vial, que incluyen 62,3 kilómetros de doble calzada, 14 túneles con una longitud total de 17,9 kilómetros, 115 puentes vehiculares nuevos, 12 puentes peatonales y múltiples intersecciones estratégicas. El resultado esperado es una reducción significativa en los tiempos de viaje entre el sur del país y el interior de Colombia, así como una mejora sustancial en la seguridad vial.

Más allá del gran corredor, el proyecto también contempla intervenciones en la ruralidad. Con una inversión adicional de aproximadamente $85.000 millones, se mejorarán y pavimentarán 36,5 kilómetros de vías terciarias, conectando veredas y centros poblados con el nuevo corredor y facilitando el acceso de las comunidades caucanas a servicios, comercio y oportunidades económicas.

"Después de más de 50 años de espera, hoy el Cauca da un paso histórico", afirmó la ministra Mafe Rojas durante la audiencia, subrayando que la inversión "no solo modernizará este corredor estratégico, sino que también conectará a las comunidades con nuevas oportunidades de desarrollo".

Desde el punto de vista contractual, el proyecto se ejecutará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) con una vigencia total de 25 años: dos de preconstrucción, 4,5 de construcción y 18 de operación y mantenimiento. Con este modelo, el Gobierno busca garantizar no solo la ejecución de la obra, sino su sostenibilidad a largo plazo.

Con esta adjudicación, la administración Petro consolida su apuesta por cerrar brechas territoriales y modernizar la infraestructura del país, en una región históricamente rezagada en materia vial.

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